¿El IFAI versus Los Pinos?

Llevan dos meses en el Instituto Federal de Acceso a la Información y los siete comisionados ya han mostrado sus alcances y limitaciones. En la plenaria, Areli Cano exhortó a sus colegas a ser más pulcros en la presentación de sus ponencias, para evitar debates insulsos y controversias extenuantes.

Fue el miércoles 9 la última sesión, previa al descanso veraniego: en los asuntos “de fondo”, el comisionado Eugenio Monterrey Chepov retiró de la orden del día el expediente RDA-2207/14, respecto de la información reservada por Petróleos Mexicanos sobre los contratos firmados con la naviera Oceanografía, y otro de la comisionada presidenta, Ximena Puente, sobre menores migrantes no acompañados, con el numeral RDA-2208/14.

¿Más vale tarde que nunca? El IFAI sesionará hasta dentro de 16 días. Y deberán encarar asuntos más relevantes. Para entonces ya estará vigente la nueva normatividad en materia de telecomunicaciones y un centenar de representantes de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil habrán emplazado a los comisionados a cumplir con su deber constitucional, para combatir jurídicamente lo dispuesto en los artículos 189 y 190 de la Ley reformada para la retención de datos personales.

A partir de hoy, las compañías proveedoras de los servicios de telefonía y radio comunicación (artículo 40 Bis) quedan obligadas a conservar, por un periodo ampliado a 24 meses y de manera indiscriminada, una cantidad enorme de datos sobre las comunicaciones de todos los usuarios, incluyendo: el origen y destino de las comunicaciones; su fecha, hora y duración; la identidad de los comunicantes y la localización geográfica de los dispositivos en todo momento. Todo esto, como coadyuvantes de las autoridades en la ubicación “en tiempo real”, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas. Y no sólo se amplía la retención a 24 meses sino que se obliga a los concesionarios a construir una plataforma que permita a las autoridades acceder a esos datos, lo que va contra la recomendación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones, que en abril pasado encontró a esa medida como violatoria del derecho de la privacidad.

¿Una acción de inconstitucionalidad, en ciernes? Los comisionados del órgano garante de la protección de datos personales tendrían que actuar de manera inmediata, pues la esfera de sus competencias quedó anulada por la reforma recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Los integrantes del viejo IFAI y el actual presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, ya habían acudido a la SCJN para atacar la validez de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante que la sala superior de la SCJN ya avaló esa norma.

Con las ONG especializadas en la defensa de los derechos digitales al frente, ahora la sociedad civil  emplaza a los comisionados del IFAI a plantear una acción de inconstitucionalidad, por la retención de datos, la geolocalización en tiempo real y el bloqueo de señales de telecomunicaciones en áreas o eventos específicos.

EFECTOS SECUNDARIOS 

¿OTROS ILUSTRES? Los escándalos que involucran a sus colaboradores más cercanos han alimentado sendas campañas mediáticas contra los delegados en Benito Juárez, el panista Jorge Romero, y en Miguel Hidalgo, donde gobierna el perredista Víctor Hugo Romo. En busca de revancha, en los sectores radicales de ambos partidos refieren que los priistas no deberían darse baños de pureza y que hay disputa de irrespetuosos, entraría un ex alcalde mexiquense y actual funcionario de primer nivel de la Secretaría de Gobernación que convocó a legisladores y servidores públicos tanto de la Federación como de los gobiernos locales, a festejar su cumpleaños, en el Centro Ceremonial Otomí, hace tres semanas.

COMISIÓN. El senador Humberto Mayans Canabal se alista para cambiar de aires. Y es que el relanzamiento de la estrategia peñista para atender la situación de los migrantes indocumentados pasa por habilitar a una comisión especial para la frontera sur, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo primer titular sería el legislador tabasqueño, quien regresaría al primer plano en la política del sureste, después de su triste paso por la secretaría de gobierno, cuando el priista Andrés Granier estuvo al frente de la administración estatal.

EXIGENCIAS. Las diputadas panistas Olivia Garza, Priscila Vera y Gabriela Salido interpusieron un amparo indirecto para refutar la excusa de la PGR sobre el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. En esa misma ruta, la ex asambleísta Lorena Villavicencio y Verónica Martínez Sentíes, a nombre del movimiento Mujeres de Hierro, firman la iniciativa de reforma al Código Penal para el Distrito Federal para endurecer las sanciones contra los servidores públicos o funcionarios partidistas que se involucraran en delitos sexuales o trata de personales; de ser el caso, se le destituiría e inhabilitaría en el cargo, serían suspendidos en el ejercicio de su profesión por un término igual al de la pena de prisión y no podrían ser registrado como candidato a cualquier cargo de elección popular hasta purgar su pena en prisión.

Signos Vitales / Alberto Aguirre M. / elarsenal.net