Opinión
El pecado original de la CIDH en caso Iguala
El pecado original de la CIDH al enviar a investigar el caso Iguala a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estuvo en que nunca resultó “interdisciplinario” ni “independiente”:
–Cuatro de sus cinco integrantes practican la misma disciplina: son abogados.
–Su trabajo fue parcial, porque trabajaron como abogados de las víctimas y contra la investigación oficial.
Porque su idea no fue coadyuvar en la pesquisa, sino provocar que el tema fuera resuelto en los tribunales de la opinión pública: no olvidemos que, además de litigantes, son políticos.
Por eso, al abandonar el caso, el abogado Francisco Cox argumentó en nombre de todos que “no seguiremos colaborando con un proceso que no se ajusta a acuerdos y consensos” y ahora se concentrarán en “atender víctimas y en la ley de desaparición de personas”.
Sólo abogados, políticos e involucrados parciales creerían posible “acordar” o “consensar” con científicos acerca de un asunto eminentemente científico, como demostrar si en un sitio hubo o no fuego de grandes dimensiones, y si fueron incinerados cuerpos humanos.
El Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego informó el viernes pasado que en el basurero de Cocula sí hubo un incendio controlado el 26 de septiembre de 2014, y al menos 17 seres humanos habrían sido quemados. ¿Quiénes lo demostraron? Veamos:
–Frederick W. Mowrer. Ingeniero de Protección de Incendios.
–James D. Quintiere. Ingeniero. Consultor en incendios como los de las Torres Gemelas en Nueva York el 9/11 y WTC de Nueva York.
–Mario R. Saldaña Nolasco. Doctor en Derecho Penal.
–José Torero. Ingeniero Civil.
–Ricardo D. Torres. Ingeniero de la División de Fuegos y Explosiones de PT&C/LWG.
–John D. Dehaan. Doctor en Química Pura y Aplicada.
¿Está preparada una sucursal de juristas (como es el GEI) para discutir con ingenieros en asuntos de fuego, de terrenos y doctores en química acerca de si hubo un fuego o no? Pero, más aún: ¿Es posible acordar o consensar sobre la existencia de un fuego? Por supuesto que no.
Lo que es imposible negar a los expertos de la CIDH es que sean expertos, en el entendido de que son muy hábiles y poseen gran experiencia en su especialidad, sobre todo la colombiana Ángela Buitrago y el español Carlos Beristáin.
Ella fabricó testimonios para encarcelar a un inocente (enfrenta en Colombia juicio por calumnia y falsedad en documento público) y él figura en un fraude de 9.5 mil millones de dólares, por “exagerar” los efectos de un derrame petrolero en Ecuador, según la Corte de Distrito de Nueva York.
El problema estuvo de raíz: el GEI no era independiente.
Y aun así el gobierno le pagó dos millones de dólares.
POR RUBÉN CORTÉS / COLUMNAS, MESA REVUELTA / elarsenal.net
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