Opinión
El privilegio de juzgar

Hace tres semanas, de regreso del puente largo de principios de mayo, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, llamó al magistrado electoral Salvador Nava Gomar. Ambos jóvenes abogados, en el plano académico y amistoso tienen trato frecuente, pero en los asuntos oficiales cumplen comedidamente los formalismos a los que obligan sus cargos públicos.
Córdova Vianello quería conocer la opinión del integrante de la sala superior de ese tribunal, adscrito al Poder Judicial de la Federación, sobre un asunto relevante: la incorporación de Carlos Ferrer Silva –todavía secretario de estudio y cuenta, en la ponencia de Nava Gomar– como asesor, en la oficina del presidente del nuevo INE.
La meritocracia del poder judicial obedece a lógicas distintas que las político-electorales. Carlos Ferrer pasó una década 11 años en el órgano jurisdiccional, donde comenzó como secretario de Jesús Orozco Henríquez, magistrado del entonces Trife y quien ahora preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2010 estuvo brevemente en el IEDF, como director de asociaciones políticas y en el 2012 –ya de regreso en la ponencia de Nava Gomar, en el TEPJF– compitió sin éxito por una de las 15 vacantes para magistrados electorales en salas regionales.
“No creo que perdamos a uno de los mejores secretarios de este Tribunal, sino que ganamos un embajador en el INE”, lamentó su jefe, el magistrado Nava Gomar. Poco frecuente, el salto de un secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral al IFE va en detrimento del aparato judicial que en los últimos años han monopolizado los altos cargos del servicio profesional electoral. María del Carmen Alanís dejó la secretaria ejecutiva del IFE para convertirse en magistrada de la sala superior y Macarita Elizondo y Adriana Favela dejaron sus cargos de magistradas regionales para ser consejeras electorales.
La recolocación de Ferrer Silva, en efecto, es una enorme pérdida para la oficina de Nava Gomar, quien cuenta con otros 11 secretarios de estudio, 12 secretarios de ponencia, un secretario instructor y otro más, de tesis; además de asistentes, auxiliares técnicos, asesores y oficiales de servicios… en total, 40 especialistas trabajan en su ponencia. Falta contar al personal administrativo y de seguridad…
La sala superior del Tribunal Electoral cuenta con una estructura que abarca cinco tres secretarías, tres comités y 11 coordinaciones generales para desahogar los asuntos domésticos. Sus siete integrantes tienen 80 secretarios de estudio y cuenta para redactar los proyectos de sentencia; salvo el presidente José Alejandro Luna Ramos, y el magistrado Constancio Carrasco Daza, quienes cuentan con una “ponencia de apoyo”, adicional.
En el ojo del huracán por el “haber de retiro” decretado por el Congreso de la Unión, los magistrados electorales han tenido que explicar sus emolumentos y prerrogativas. “Trabajo 60 horas a la semana”, sentenció Nava Gomar en defensa propia. Carrasco Daza, por su parte, sostuvo en un artículo periodístico que en muchos casos, el desgaste que rodea a las decisiones del Tribunal Electoral es “inconmensurable”.
El haber de retiro de los juzgadores –insisten los magistrados electorales– no sería (ni será) pensión vitalicia. Y lastimados por las especulaciones y la desinformación, decidieron renunciar al beneficio que podrían acceder, con la reforma electoral. Sacrificio adelantado, pues a la Comisión Permanente ingresaron sendas iniciativas para modificar la decisión de asegurarles un ingreso, cuando concluyan con su encargo.
Los magistrados electorales, molestos con el maltrato de la opinión pública, han querido cancelar el debate sobre el significado y los alcances de esa prestación y sobre los componentes de su remuneración, que de acuerdo con la legislación internacional vigente, debe ser suficiente para asegurar su independencia económica.
El combate a la corrupción y al tráfico de influencias, más que la transparencia, gravitan en estos asuntos. Justo antes de que la polémica envolviera al Tribunal Electoral, estaba en curso una ofensiva contra “jueces casineros” con residencia en Monterrey, quienes otorgaron amparos a un puñado de empresarios de ese ramo, sospechosos de turbias operaciones financieras.
El debate privilegios de la élite judicial se volvió –¿inexplicable o deliberadamente?– trasmutó en un embate mediático. Pero aun antes había evidencia de su opulencia, de que son inmunes a cualquier programa de austeridad. Dentro de la administración pública federal es uno de los pocos espacios donde se han multiplicado plazas y presupuestos, so pretexto de la implementación de la reforma judicial.
Las “previsiones para servicios personales”, la creación de nuevas plazas y los “incrementos a las percepciones” son una constante. El pago de los “servicios personales” de la plantilla de personal –de la cual, 75% desempeña funciones de carácter administrativo y el resto cumple funciones sustantivas o jurisdiccionales– consume dos terceras partes del presupuesto destinado por el gobierno federal al Poder Judicial de la Federación.
El capítulo 130000 del presupuesto de la SCJN contempla “remuneraciones adicionales y especiales” para el personal al servicio de los ministros y magistrados, de los cuales 85% se destinaron al pago del aguinaldo.
Los jueces, magistrados y ministros perciben altos salarios. Y fuera de esos espacios, en la administración pública federal sueñan con homologar sus salarios al del Poder Judicial.
Por Alberto Aguirre / elarsenal.net
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