Opinión
Endeudados
El presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes de su gabinete tienen una deuda grande con la gente de este país, nación desigual y convulsa. Desmesuradas fueron las promesas ofrecidas por quien se asume como el orgullo de Atlacomulco. Los autores de su guión discursivo no atinaron a diferenciar la fantasía de la realidad.
No obstante los ajustes que ha tenido que hacer el mandatario en su equipo de gobierno, a la ciudadanía no le cuadran las cifras: los secretarios y sus subalternos son funcionarios que cuestan un dineral, y su rendimiento deja mucho que desear. ¿Acaso, se omitieron el reclutamiento y selección de sus colaboradores más cercanos? ¿Se saltaron la evaluación del desempeño que, periódicamente, debieron cumplir? La salida de Emilio Chuayffet Chemor y Jesús Murillo Karam del primer círculo de poder, adquirieron notoriedad por lo sensible de sus tareas. El primero renunció por motivos de salud y el segundo, porque estaba cansado.
De la obesa lista de compromisos que firmó el mexiquense ante notario público, dos demandaban atención urgente y efectiva: reducir la pobreza y ampliar la seguridad social para adultos mayores. En ninguna de las dos, los responsables de llevarlas a cabo han entregado buenas cuentas. Este rotundo fracaso obligó al primer mandatario a plantear cambios en su gabinete, con la intención de reforzar la segunda mitad de su gobierno. El anuncio lo hizo el 27 de agosto de 2015 en la residencia oficial de Los Pinos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundió cifras contundentes relacionadas con el incremento de la pobreza en el país. Dicho Consejo fue enfático al mencionar que los números se movieron de 53.3 a 55.3 millones; esto es, dos millones más de pobres en México. La causa visible es la reducción de los ingresos familiares. Los pobres extremos, el sector con mayores carencias, forman la masa clientelar de la Cruzada Contra el Hambre, placebo aplicado a los habitantes de 400 municipios, que sólo consiguió reducir el flagelo en 0.3% entre 2013 y 2015.
A los adultos mayores se les prometió la asignación de una pensión universal como apoyo para cubrir gastos básicos de manutención durante la vejez. Asimismo, garantizarles una mayor cobertura por parte de las instancias de seguridad social. Para acceder al recurso económico ofrecido, la tramitología les resulta pesada y ominosa. Si logran salvar tan descomunales obstáculos, se darán cuenta de que la recompensa es un insulto a la dignidad humana. La diferencia es abismal al comparar esa limosna con las canonjías dispensadas a la burocracia dorada.
En cuanto al acceso a la seguridad social de las personas de la tercera edad, este beneficio está condicionado a una mejora sustantiva de los servicios de salud y a la reducción de la brecha que dificulta a grupos vulnerables gozar de este derecho. Las decisiones tomadas por las autoridades para enfrentar problemas tan arraigados son facilonas y de pronóstico nada alentador: le apuestan a engrosar el padrón de afiliados al Seguro Popular. El aumento en la afiliación a esta modalidad del sistema de seguridad social no implica que se haya elevado la calidad de la atención médica, ni hay garantía en el acceso a medicamentos adecuados.
Para renovar su gabinete, el presidente Peña Nieto, además de ordenar algunas renuncias, armó enroques. Uno muy señalado es el de José Antonio Meade Kuribreña, quien pasó a ocupar la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)antes encabezada por Rosario Robles Berlanga. Al ex canciller le tocó bailar con la más fea. La Sedesol está plagada de vicios burocráticos generados por quienes llevan lustros ordeñando la ubre presupuestal. A esto hay que sumarle todos los pasivos que le dejó su antecesora. La señora, en tres años, jamás entendió que su compromiso era con los pobres de este país y no con los jerarcas de la camarilla política de esta nación tan desigual.
POR JOSÉ C. SERRANO / COLUMNAS, MISCELÁNEA / elarsenal.net
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