¿Es la CIDH un sindicato de juristas con fines de lucro?

Venezuela abandonó la CIDH al considerar que es un “sindicato” de juristas dedicado al lucro económico y “al servicio de los intereses más oscuros”.

Una decisión condenable del presidente Nicolás Maduro (el 10 de septiembre de 2013) para colocarse fuera de la jurisdicción de la CIDH y evitar todo escrutinio a sus intentos de cancelación de la democracia, su control electoral, expropiaciones y chantaje a los trabajadores del Estado.

Pero la CIDH integra sus equipos de investigación con políticos profesionales, en lugar de especialistas imparciales. Su secretario general, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, propuso y creó el grupo de expertos que investiga el caso Iguala para atraer recursos a la menguada economía de ese organismo.

El contribuyente mexicano paga 136 mil pesos al mes a cada uno de los cinco expertos, además de dos millones 292 mil 42 pesos para viáticos, hasta que acaben su pesquisa. ¡Y trabajan por prórrogas de seis meses!

Pero no es sólo dinero para Álvarez Icaza: también es política. Su comisión de expertos le permitió regresar a la política mexicana con una gran exposición mediática para impulsar sus aspiraciones a ser candidato independiente a la Presidencia de México en 2018.

Otro rédito político que busca Álvarez Icaza es golpear al actual partido en el gobierno, en venganza porque en 2009 votó en su contra para que ocupara la presidencia de la CNDH, la gran aspiración de su vida política hasta entonces. De ahí su manera sesgada para indagar el caso Iguala.

Sin dar solvencia a la acusación de Venezuela (la CIDH  es un “sindicato” de juristas dedicado al lucro económico y “al servicio de los intereses más oscuros”) hay que recordar que dos de quienes investigan el caso Iguala tienen un historial negativo como juristas en sus propios países.

Ángela Buitrago era fiscal de Colombia cuando en 2007 fabricó testimonios para inculpar por desaparición forzada a un coronel que fue absuelto el pasado 16 de diciembre y que la está demandando judicialmente por falsear declaraciones y fraude procesal.

Y a Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, la también exfiscal de ese país la acusa de presionarla para dar trato preferencial y revocar órdenes de aprehensión contra guerrilleros. “Paz y Paz es política, no respeta la ley”, asegura Aguilar.

Ojo con esa consideración: “Paz y Paz es política”. Porque el mexicano Álvarez Icaza también es político. Y con grandes aspiraciones.

Quizá no sean un “sindicato” de juristas dedicado al lucro económico. Pero sí dedicado a la política, y no pueden investigar un caso en el que deben tomar una decisión en beneficio de la justicia, nunca en favor de alguna corriente partidista.

Por ética, ellas dos deben renunciar.

POR RUBÉN CORTÉS / MESA REVUELTA / elarsenal.net