Eso se llama ingobernabilidad

En el gobierno de Felipe Calderón existieron 400 municipios sin un solo policía. Y en otros 206 municipios, los policías no pasaban de cinco ni tenían instalaciones, vehículos o equipos de radio. ¿De qué se trató entonces? De una manifestación de ingobernabilidad.

En el arranque del gobierno de Enrique Peña, aparecieron en cinco estados “grupos civiles armados”, eufemismo para no llamarlos “paramilitares”, pues hacen lo mismo que el Ejército: ponen retenes, apresan, disparan… ¿De qué se trata ahora? De una manifestación de ingobernabilidad.

Por supuesto que es una manifestación de ingobernabilidad ¿para qué jugar con las palabras? Y la única manera de enfrentarla es imponiendo la fuerza del Estado. Porque el Estado es el único que tiene derecho a la violencia.

La única salida contra quienes están al margen de la ley, como estos “grupos civiles armados” es justamente aplicarles la ley, porque acabarán sustituyendo al Estado en el deber de dar seguridad y eso le toca al Estado… y nadie más.

Pero ¿podemos como sociedad crear un consenso para propiciar este ejercicio de fuerza por parte del Estado?

No: en especial la clase política, como sucedió durante los destrozos de comercios, bancos y fachadas de hoteles el pasado 1 de diciembre por grupos afines a Morena.

La mayoría de los capitalinos desaprobó la destrucción de parte de la recién reconstruida Alameda Central y alrededores de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó en más de mil millones de pesos.

Los detenidos, cuya cifra quedó en apenas 14, cometieron el delito de “ataque a la paz pública en forma de pandilla”, condenado con 45 años de cárcel en el Código Penal del DF, pero la Asamblea Legislativa derogó el delito para que salieran libres.

Vamos, si ni siquiera se ponen de acuerdo en sus propios partidos. Por ejemplo, Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, dice que “quienes plantean el apoyo a las policías comunitarias o de autodefensa, cometen un acto de irresponsabilidad política”.

En cambio, uno de sus compañeros, Sofío Ramírez, presentó una iniciativa para reformar los artículos 2, 4, 7 y 10 de la Ley General de Sistema de Seguridad Pública con el fin de legalizar a los grupos civiles armados para defensa de sus comunidades.

Sí, estos grupos son ilegales y transgresores, cometen un delito. Sin embargo, nadie va a pagar los costos políticos de la intervención del Estado para erradicarlos. He ahí el dilema que tendrá el gobierno de Enrique Peña, porque los grupos seguirán proliferando: no los para nadie.

La única manera de pararlos será encontrar un consenso que ampare el uso de la fuerza del estado.

Pero eso jamás ocurrirá. No en México.

Por: Ruben Cortez / elarsenal.net