IFE: ¿multas prorrateables?

por: Alberto Aguirre M.

A una semana de que el contador público certificado Alfredo Cristalinas Kaulitz, director de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, entregue el dictamen final sobre los gastos de las campañas del 2012, la representación perredista en el Consejo General presentó ayer 22 recomendaciones para revisar las erogaciones realizadas por los candidatos en la época electoral.

El maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid habló a nombre de su partido –el PRD– y también del PT y del Movimiento Ciudadano. Esas tres formaciones políticas fueron en coalición total a los pasados comicios federales. Y así como dividieron gastos, votación y número de candidaturas, tendrían que absorber proporciona la multa que les imponga, por los gastos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Y habló ayer para proponer que la Unidad de Fiscalización –con autonomía de gestión, por disposición constitucional– “clarifique” sus criterios de actuación… y los acomode a gusto de los partidos que debe auditar.

Revivirá el debate por el Monexgate y las tarjetas de Soriana, sin duda. Pero la polémica vendrá ahora por los “gastos prorrateables (sic)” de campaña y que no son otra cosa más que las erogaciones distribuidas entre dos o más campañas beneficiadas. En este caso, 50% de esos gastos se debía asignar de manera igualitaria y el restante, en el libre albedrío de los partidos y coaliciones.

El modelo de fiscalización producto de la reforma electoral del 2008 enfrentará su prueba de fuego. En primera instancia, los dictámenes sobre los expedientes conocidos como el Monexgate y los gastos del Movimiento Progresista provocaron una oleada de especulaciones y afirmaciones imprecisas que terminaron por minar la credibilidad del IFE.

En efecto: el pasado 6 de febrero, por mayoría de votos, los consejeros electorales decidieron devolver la resolución de la Unidad de Fiscalización lo que se tradujo en la oportunidad para que ese órgano técnico presente un nuevo dictamen consolidado y defina con claridad –“una a una”– cada operación de gasto en la que se aplique el prorrateo.

Así deberá terminar uno de los procesos de auditoría a los gastos de las campañas políticas más intricados en la historia electoral contemporánea. Y es que el IFE –a través del acuerdo CG301, del 12 de mayo del 2012– determinó realizar una revisión anticipada de los informes de gasto de la campaña presidencial, misma que tuvo lugar en tres periodos de tiempo distintos. El 30 de enero del 2013, la Unidad de Fiscalización debía someter un dictamen a la consideración del Pleno.

Fue la última intervención del ex consejero electoral Sergio García Ramírez en el Consejo General. Su voto rompió el empate y definió que se devolviera el dictamen, bajo el argumento de que su contenido daba a conocer solo una parte del total del ejercicio de fiscalización y no abarcaba las erogaciones de las campañas de los diputados y senadores que podrían haber beneficiado a los candidatos presidenciales.

El 6 de febrero, el Consejo General –ya sin García Ramírez– conoció una propuesta de multas formulada por la Unidad de Fiscalización, que quedó en suspenso.

En esta segunda oportunidad, los partidos políticos tuvieron hasta el 8 de octubre del 2012 para informar a la Unidad de Fiscalización los criterios y las bases que definieron para su prorrateo, que además de las combinatorias entre las campañas federales (Presidente, diputados y senadores) abarcó a las 15 entidades federativas que tuvieron elecciones concurrentes.

Y finalmente, el pasado 4 de abril, los partidos políticos tuvieron que haber cumplido con la entrega de su informe anual de gasto, correspondiente al ejercicio 2012.

La Unidad de Fiscalización ha prometido un dictamen “claro, integral y de fácil interpretación”. De la misma forma, ha calculado que el monto de las multas será mayor, dado que la revisión de los gastos de campaña se extendió a las elecciones federales y locales.

El próximo 3 de julio, a más tardar, el IFE deberá haber resuelto sobre estos asuntos, con lo que pondrá punto final a la sanción de las elecciones del 2012.

EFECTOS SECUNDARIOS

BLINDAJE. Para atender la exigencia de mejorar el contenido nutricional de los alimentos que entrega DICONSA en todo el país, el director general de esa paraestatal, Héctor Velasco Monroy, la integración de sendos representantes del Instituto Nacional de Nutriciñon, de la SAGARPA y de Aserca en el consejo de administración. Además se concretará un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública para atender las recomendaciones en este rubro.

CUMBRE. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países afiliados al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) cumplieron una intensa jornada de trabajo ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El secretario José Antonio Meade Kuribreña fue el anfitrión de sus homólogos, quienes decidieron que el salvadoreño Hugo Martínez, funja como secretario general de SICA en vísperas de que Panamá asuma la presidencia pro tempore del organismo, durante n la reunión de Jefes de Estado que tendrá lugar el próximo 27 de julio y a la que acudirá el presidente Enrique Peña Nieto.

INTEGRACIÓN. En Lima, Perú, tuvo lugar la reunión del Grupo de Alto nivel de Alianza Pacífico. La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig Mendialdua y el comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, quienes a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto firmaron el acuerdo interinstitucional de cooperación entre agencias sanitarias, que además redundará en un incremento sustancial del comercio de medicamentos entre México, Perú, Chile y Colombia, con lo que mercado potencial para los productos mexicanos de medicamentos, aumentará en otros 47 millones de consumidores. En el largo plazo, la ampliación de mercado será de 94 millones de pacientes adicionales contemplando a la población chilena, peruana y colombiana, es decir, alrededor de 20 por ciento de la población de América Latina.

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