Incumplidos en San Lázaro

A media luz, en fast track, la Cámara de Diputados desahogó el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso en el primer año de ejercicio de la 62 Legislatura del Congreso de la Unión.

Los proyectos de dictámenes –tres, todos sustentados por la Comisión de Puntos Constitucionales– fueron desahogados sin debate, tal y como había anticipado el coordinador de la mayoría priista, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El plazo contemplado para este periodo–del martes 16 hasta el viernes 19, inclusive– ni siquiera tuvo que agotarse. Y como Manlio Fabio había anticipado, el extraordinario quedó clausurado, sin que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Luis Alberto Villarreal, enviara al Pleno una terna para seleccionar al nuevo consejero electoral.

Más que la falta de acuerdos, imperó la lógica de la necedad. El PAN y el PRD quieren que el nuevo consejero electoral sea electo en octubre, junto con los otro cuatro integrantes del IFE que deberán subsanarse entonces. Y el PRI insistía en que cualquiera de los cinco finalistas del proceso, que está en suspenso desde el pasado 30 de abril, fuera designado. Mejor eso que seguir en falta.

En las semanas previas, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían llegado sendas demandas contra la Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la Comisión de Gobernación, y el priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez, fueron los promoventes de los incidentes de inejecución de la sentencia de los magistrados, dictada el 29 de mayo, en la que urgían a nombrar “a la mayor brevedad posible” al consejero electoral faltante.

Bernal Gutiérrez, uno de los legisladores más cercanos a Manlio Fabio Beltrones, acreditó las dos oportunidades en las que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se negó a expedir la convocatoria del periodo extraordinario. Ese órgano –alegó– “se constituía en un obstáculo para culminar el procedimiento de elección de consejero electoral”.

Pero los magistrados electorales se dieron por satisfechos, luego de que la Comisión Permanente autorizara a la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, el pasado 11 de julio de 2013, convocar al extraordinario. Y no solo eso, sino que expidieron una felicitación pública a los legisladores.

“Es altamente gratificante que las sentencias del máximo órgano jurisdiccional electoral trasciendan de manera adecuada a la realidad”, presumió el magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, “Más allá de suposiciones errantes, la resolución del Tribunal Electoral únicamente busca el mantenimiento del orden constitucional mexicano. En un Estado Democrático de Derecho, es importante que las sentencias emitidas por las diversas estructuras públicas se cumplan. Aplaudo, sin lugar a dudas, este hecho”.

Su aplauso, en todo caso, fue acallado por la realidad. Y ninguno de los coordinadores parlamentarios de las tres fuerzas mayoritarias quiso dar la cara para explicar el fracaso de las negociaciones.

El líder de la bancada del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que las negociaciones no quedaron completamente rotas, de modo que la Junta de Coordinación Política podría alcanzar los consensos necesarios para que en el periodo extraordinario que está programado para la segunda quincena de agosto pueda concluirse con el trámite.

Es una posibilidad remota, pues los diputados verdes –que también se mueven bajo la égida beltronista– respaldan la postura de dejar la decisión final en manos de los magistrados electorales. En primera instancia, el TE esquivó resolver de fondo este dilema, mientras que el PRD amagó con interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que calificaron como una probable “invasión competencial”.

Además de incumplido, el bloque opositor en San Lázaro peca de irreverente pero socava aun más al IFE, que debilitado y al borde de la extremaunción, espera el veredicto final de la reforma política.

EFECTOS SECUNDARIOS

PENDIENTE. Pasan los días y no se desatora la impugnación al resultado de la licitación pública por la que el IFE asignó el contrato para producir la nueva credencial para votar durante los próximos cinco años. Una primera licitación se declaró desierta pues el precio ofertado por el ganador rebasó el 10% del promedio del resto de las propuestas. La segunda licitación fue adjudicada a la alemana Giesecke y Derivent de México. Sin embargo, desde hace una semana el proceso está en suspenso pues se aceptó la queja de la japonesa NEC que en México preside Javier Jiménez Espriú. NEC presentó una propuesta económicamente mejor que la ganadora. Mientras que Giesecke y Derivent de México ofertó 0.6674 centavos de dólar por credencial, NEC ofertó 0.54 centavos. Según diversos cálculos esto representaría hasta 115 millones de pesos adicionales para el IFE. Por qué entonces el fallo no se dio a NEC que ofreció un mejor precio. En un primer momento se argumentó en contra de NEC deficiencias en la comprobación de sus garantías y requerimientos tecnológicos. Sin embargo la empresa en su apelación afirma que triplicó el monto de las garantías solicitadas y sí cumplió con todos los requisitos tecnológicos solicitados, como se puede constatar por las pruebas realizadas por la UNAM. Los expertos consideran que el tiempo disponible para la implementación del sitio primario de producción es muy limitado, sobre todo a partir de los tiempos requeridos para la entrega de equipos e integración de los mismos. La probabilidad de que no se inicie la producción a tiempo el día 25 de Noviembre es bastante alta, sobre todo sí este procesó culmina con una tercera licitación.

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Por: Alberto Aguirre M / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net