La audacia mexicana

El escándalo del ciber-espionaje de la NSA ha forzado a la administración Obama a un esfuerzo diplomático extraordinario para tranquilizar a jefes de Estado afectados por las escuchas ilegales.

Para dar la cara, literalmente, pero sobre todo para escuchar de viva voz las quejas –si las hubiera– del presidente Enrique Peña Nieto, llegó una enviada personal del presidente de Estados Unidos a la Ciudad de México. Y a mediados de la semana pasada se reunieron representantes de ambas naciones para tratar de amainar los efectos de las revelaciones de Der Spiegel y The Guardian.

Del lado mexicano acudieron funcionarios de Los Pinos, Cancillería y Procuraduría General de la República. Del otro lado de la mesa estaba personal del USAID, la DEA, la CIA y la oficina del embajador Wayne, quienes tomaron la iniciativa y propusieron emprender una campaña mediática –en ambos lados del Río Bravo– que pusiera énfasis en los programas conjuntos y la colaboración con México para empujar la reforma, combatir la trata de personas e incrementar el intercambio estudiantil y comercial.

Esa reunión de trabajo ocurrió en vísperas de que José Antonio Meade Kuribreña recibiera al embajador Anthony Wayne, quien había esperado al regreso del secretario de Relaciones Exteriores para atender el llamado a consultas del gobierno mexicano.

¿La discreción, en vez de la estridencia? El gobierno peñista dará largas a la estrategia del estadounidense para enfilar a la opinión pública local hacia los aspectos positivos de la relación.

La diplomacia, ensimismada, ¿o agotada? Después de la gira europea, el equipo de Meade Kuribreña trató de evitar que los reporteros de la Cancillería y los corresponsales extranjeros lo forzaran a una declaración pública sobre el affaire del espionaje de la NSA y redujeron al mínimo el perfil de la reunión del cuerpo diplomático acreditado en México, que se celebró este fin de semana en la ciudad de Zacatecas, a la que acudieron una veintena de embajadores –entre ellos Wayne y el embajador de Alemania en México, Edward Duckwitez– para atestiguar un ciclo de conferencias conmemorativas del 60 aniversario de la fundación de la ONU.

Y desde el jueves 24, cuando cenaron con el gobernador para festejar el Día de las Naciones Unidas, recibieron un trato privilegiado por parte de los anfitriones, quienes se sorprendieron por sus exigencias –tanto culinarias como de hospedaje y transportación– durante su estancia en los pueblos mágicos que aquella entidad del centro del país.

Meade Kuribreña llegó desde el viernes a la capital zacatecana, pero fue hasta la clausura del evento –la noche del sábado, en el Teatro Calderón– cuando apareció, acompañado por el gobernador Miguel Alonso Reyes y el alcalde, Carlos Peña. No trascendió si pudo reunirse allá con el embajador estadounidense o el alemán.

Al margen de esos devaneos diplomáticos y otros protagonismos dentro del gabinete, la inmersión del secretario Miguel Ángel Osorio Chong en el tema enfiló la discusión hacia un terreno fértil –y no solo hablando en el plano informativo–: los contenidos y los alcances de la estrategia de ciber-seguridad implementadas desde las plataformas gubernamentales.

Además de onerosos, los esfuerzos de Los Pinos por contar con sistemas de comunicación de última generación –que incluyeron la construcción de sets en los despachos de todos los secretarios de Estado y un sofisticado procedimiento para video-llamadas, ¿cedido o donado? Por CISCO– y una presencia permanente en las redes sociales resultaron poco productivos.

Ya se ha puesto la lupa sobre algunos funcionarios de la Oficina de la Presidencia del sexenio pasado, encargados de las comunicaciones internas y las tecnologías de la información. Falta determinar responsabilidades –¿u omisiones?– de los encargados de las áreas en el CISEN y la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal.

A diferencia del ámbito privado –donde la legislación ha avanzado enormidades– el gobierno mexicano todavía no cuenta con un marco jurídico adecuado para la regulación de la seguridad cibernética.

En ese sentido, Microsoft Corporation acaba de publicar un reporte en el que define: “Es fundamental una estrategia nacional de ciberseguridad para la gestión de riesgos cibernéticos a nivel nacional y el desarrollo de la legislación o regulación apropiada para apoyar esos esfuerzos”.

EFECTOS SECUNDARIOS 

¿PETRIFICADOS? La empresa Exportadora de Sal celebrará pronto su 60 años de funcionamiento y podría ser la paraestatal más rentable pero en esta administración ha quedado inerme a los caprichos de Mitsubishi –la corporación japonesa tiene una participación accionaria en ESSA desde 1973– y supeditada a los vaivenes y las desatenciones de la Secretaría de Economía.

En 33,000 hectáreas de la laguna Ojo de Liebre, en Guerrero Negro, en Baja California Sur, se desecan 7 millones de toneladas del mineral –que representan un tercio de la producción global de sal– pero el consorcio japonés ha preferido sumar dividendos que lidiar con el manejo burocrático, en un particular joint venture que dio 51% de las acciones al gobierno mexicano y una participación en una naviera que paga ¡un millón de dólares! por el flete de los buques que llevan la sal al Lejano Oriente.

En 1994 y el 2002, ESSA ha sido reconocida como la mejor compañía exportadora de México, ¿podrá lograrlo en el primer año del sexenio peñista? Muy poco probable. Este mediodía debe sesionar el Consejo de Administración de ESSA. Entre el cúmulo de expedientes están los nombramientos de los director de administración y mercadotecnia y la ratificación de los poderes legales para su recién nombrado director general, Jorge Humberto López Portillo Basave.

MALAS CUENTAS. Hace un mes que arrancó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial y en el primer “corte” surgieron señales preocupantes. De acuerdo con el INEGI –con información al 22 de octubre– se había levantado información en el 49.3% de los 271,000 “centros de trabajo” considerados en el ejercicio y otro 12% estaba en proceso.

“Quedan todavía por iniciar el 31.6%; mientras que en el 7.1% no ha sido posible obtener información de acuerdo con lo planeado por diferentes causas”. Al ejercicio le queda un mes y podría alegarse que lo remoto de algunas ubicaciones o los problemas de inseguridad han retrasado el trabajo de los encuestadores, pero se acumulan reportes sobre el rechazo de las comunidades de las entidades que registraron el mayor porcentaje de no respuesta visitados –Chiapas con 62.5%, Michoacán con 57.7% y Oaxaca con 21.7%– ¿y en el el Distrito Federal? ¿Cómo justifican la destrucción de cuestionarios en planteles de la zona oriente de Iztapalapa? Y mientras el CEMAEB naufraga, los amparos interpuestos por las bases magisteriales contra la reforma educativa tampoco alzan vuelo.

El Consejo de la Judicatura reportó que solo recibió 4,300 amparos, que traían más de 200,000 firmas.

por Alberto Aguirre