La fuga de los Porkys: no lo permitamos

Advertíamos en este espacio hace algunas entregas, la importancia de que el Fiscal de Veracruz hiciera un eficaz y expedito trabajo para despejar cualquier clase de dudas en torno al condenable caso de Daphne Fernández, menor de edad violada hace 15 meses en Veracruz.

Decíamos que este deleznable hecho sería emblemático por la gran presión ejercida en medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales digitales, para acreditar la responsabilidad en estos sucesos de los “mirreyes” Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine Marín, extrajudicialmente confesos en un video circulado por el padre de la víctima. 

Lamentablemente, y a pesar de que el Fiscal Luis Angel Bravo aseguró hace unos días que esas jóvenes lacras sociales veracruzanas no saldrían del país, al menos dos de ellos -Cruz Alonso y Capitaine Marín- ya fueron “puestos a salvo” por sus cómplices padres.

Y perdóneme, lector, los adjetivos dirigidos a personas aún no enjuiciadas, pero a la luz de las evidencias disponibles y de la obvia estrategia de poner tierra y mar de por medio (uno está en Houston y el otro en Madrid), no queda otra más que seguir ejerciendo toda la presión posible para que se proceda conforme a la ley.

No se trata, insisto, de un juicio sumario y a priori, sino de que estos 4 juniors respondan ante una autoridad en torno al delito –execrable- del que se les acusa.

Es una vergüenza que luego de que dicho fiscal apelara a los tiempos judiciales y a los procedimientos determinados, los medios y las redes den cuenta de la localización de Diego Cruz en España, y de Enrique Capitaine –hijo de un expresidente municipal- en el exclusivo suburbio texano de Woodlands.

Precisamente en este barrio donde residen muchas familias de origen mexicano con alto poder adquisitivo, se emitió a través de un podcast la “alerta” de la presencia del presunto violador, con la muy entendible exigencia de que la propia comunidad no permita que sea ahí donde trate de evadir la acción de la justicia, más allá del peligro que representan sus presuntas conductas tóxicas.

Qué bueno también que ya circula otra advertencia de que el tercero de los “porkys”, Jorge Cotaita, habría salido también del país, lo que no ha sido confirmado.

El caso es que, en este proceso y en otros, la presión social debe mantenerse y ampliarse lo más posible para que no estemos ante otro episodio de impunidad que mucho nos lastima a los mexicanos.

El caso Daphne, insisto, representa muchos otros cuyos protagonistas esperan justicia o murieron esperándola. Muchas víctimas y en general muchas personas de buena fe lo exigimos: nos lo merecemos como un mensaje esperanzador de que no todo está perdido en materia de justicia.

No nos confundamos pensando en que eso “es cosa de muchachos” o es un “error de adolescentes”. No es ninguna de las dos: es un hecho asqueroso que debe tener consecuencias, porque si no se seguirá repitiendo con esos pretextos, y con la complacencia de quienes no quieren tener idea de lo que deben sufrir las víctimas y sus seres queridos.

Tengo una hija. Y yo no lo voy a permitir.

Por Alejandro Rodríguez Cortés  / *Periodista, comunicador y publirrelacionista / COLUMNAS, CÓNCLAVE / elarsenal.net