“La renta petrolera de la Nación crecerá…” el pueblo vigilará

Me puse a investigar qué tan positiva será la Reforma Energética en el desarrollo de la economía del país y de nuestros bolsillos, con la seguridad de que el petróleo y el gas, como dicen, seguirá siendo de los mexicanos, pero, sobre todo, me interesó saber qué tan transparente será el manejo de los contratos que harán Pemex y CFE con empresas privadas nacionales y extranjeras, y eso sí, sin corrupción, ni sindicato.

La Reforma Constitucional en Materia de Energía, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado viernes 20 de diciembre y que entró en vigor el sábado 21, afirma que “Pemex y la CFE no se privatizarán, seguirán siendo 100% públicas y 100% mexicanas”.

El objetivo “es dotar a México de un marco jurídico moderno, para, sin privatizar, fortalecer  la industria petrolera e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos”.

Afirman que “Van a bajar los recibos de la luz y del gas para las familias, los comercios y la industria”, aunque no han dicho cómo, cuánto, ni cuándo bajarán.

Y “se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de empleos al 2025”, entre otras cosas muy positivas.

Todo pinta muy bien, pero, insisto, importante es saber en qué parte o dónde, el decreto de la Reforma Energética habla de acciones que garanticen que no habrá corrupción en los contratos ni en el manejo de la renta petrolera.

En los artículos transitorios, el Noveno señala: “Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto – que a su vez dice: Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto- el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares… serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia”.

“La ley preverá y regulará: que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar;  un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y la divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos”. Es decir, “los ciudadanos podrán (podremos) vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos”.

Y el Vigésimo Primero, especifica: “… establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley”.

Si es así, se prevé habrá transparencia y “mejores instrumentos de control sobre la industria petrolera”. Claro, lo más importante ahora, es que se cumpla.

Por: Sofía Salinas / elarsenal.net