Las “fosas clandestinas” de Graco

El caso del joven Oliver Wenceslao Rodríguez destapó en Morelos toda una maraña de negligencia y violaciones por parte de la Fiscalía General de ese estado, al poner al descubierto que cuentan con sus propias “fosas comunes clandestinas” en el poblado de Tetelcingo, Cuautla.

Y claro que no puede ser menor la indignación porque ahora el suelo mexicano no solamente es el cementerio del crimen organizado, sino también del gobierno, que al parecer ya se vio rebasado por los innumerables cuerpos ejecutados, resultado de la violencia que reina en el país.

Sumemos a esto el trato inhumano al que se hacen acreedores los cuerpos que seguramente muchos reclaman, pero que el gobierno estatal ante su inoperancia, negligencia o hasta desinterés no realiza los protocolos correspondientes para estos casos.

La familia de Oliver reveló el jueves pasado, como parte de una investigación privada que realizó, un video del año 2014 en el que se puede observar cómo se exhuman a al menos 150 cuerpos de dos fosas comunes clandestinas de la propia Fiscalía estatal.

Sólo a algunos de los cadáveres embolsados portan una botella de PET, en cuyo interior se encuentra un papel con el número de averiguación o ubicación, pero son los menos. ¿A simple vista qué nos arroja esto? Que evidentemente este tipo de casos no se investigan, ya que en muchas ocasiones se les suele criminalizar y se da carpetazo porque se les vincula con el crimen organizado.

El caso de Oliver Wenceslao Rodríguez, quien fuera secuestrado y asesinado el 24 de mayo de 2013; la exhumación y la inhumación en las fosas clandestinas están llenos irregularidades y violaciones que debieran ser investigados por instancias externas a las estatales, pues ya pudimos constatar su poder de resolución. ¿O los dejarán ser juez y parte? Aquí podría atraer el caso  la propia PGR, aunque también esté en duda su credibilidad por el caso de los 43 normalistas. Complicado el panorama con nuestras instituciones de justicia.

En este punto vale la pena rescatar un dato de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) que señala que en lo que va de la administración de Graco Ramírez se tienen documentados 83 casos de personas desaparecidas; pese a esto la Fiscalía no cuenta con una base de datos de los cadáveres que tiene en sus anfiteatros para coadyuvar en la búsqueda de las víctimas. Más negligencia.

A pesar de que el gobernador se ha tratado de deslindar de este asunto, en las fechas que sucedieron tanto del secuestro y asesinato de Oliver como la exhumación del cuerpo, Ramírez Abreu ya estaba en el cargo.

Ahora sólo queda esperar que no resulten más fosas de la Fiscalía, pues recordemos que el estado de Morelos es uno de los más penetrados por el crimen organizado.

POR BERENICE SEVILLA / LA COLUMNA / elarsenal.net