Los “externos” de Oceanografía

La residencia de operaciones portuarias de Petróleos Mexicanos, en La Paz, Baja  California Sur, sufre los resabios del calor inclemente y del abandono implacable. El acceso principal, ubicado al final de una barda perimetral que corre en paralelo a la carretera escénica, estuvo bloqueado hasta el mediodía del pasado viernes 18 por una veintena de ex empleados de Oceanografía.

La naviera de Amado Yañez Osuna, asociado con las firmas Proyectos y Medio Ambiente, y Blastinaval, había sido subcontratada por I.I.I. Servicios, una subsidiaria de Pemex, para edificar una nueva central de abastecimiento para buques, en un plazo de 560 días. La obra debía ser inaugurada por el Ejecutivo federal en junio del 2012.

Intermitentes errores administrativos, pero sobre todo problemas de liquidez impidieron que la obra concluyera a tiempo. Al borde de la quiebra, después que las autoridades judiciales y financieras intervinieran a Oceanografía hace cinco meses, los trabajadores en La Paz salieron a las calles para demandar la preservación de su fuente de trabajo y la protección de las autoridades federales.

“El compromiso era comenzar operaciones a finales del año pasado”, comenta lacónico uno de los empleados de la empresa de seguridad que resguarda el acceso principal a las instalaciones, “ni trabajando dos años seguidos estaríamos listos para recibir a los tanques”.

En efecto, hace dos años ya habían suficientes señales sobre el desvío del curso de la naviera carmelita, aunque nunca enfrentaron una contingencia de carácter fiscal, no se diga una revisión de gabinete, por parte del SAT, o una inspección domiciliaria del IMSS.

Hace un lustro, Alberto Duarte Martínez fungió como apoderado legal de Oceanografía y el despacho Baker & McKenzie asesoraba, en materias del gobierno corporativo. Un año después, ese esquema cambiaría drasticamente, luego del ingreso de los nuevos socios: Martín Díaz Álvarez y Oliver Fernández.

A cambio de un paquete accionario, el estratega financiero asumió el control de la tesorería de la naviera carmelita y emplazó a la firma legal White & Case a que asumiera el control de los asuntos legales del corporativo. Y en la etapa final, supervisó las negociaciones de Oceanografía con Banamex.

En paralelo, el experto en derecho marítimo Omar Olvera de Luna representó los intereses de Oceanografía, como consta en contratos firmados entre la naviera y Pemex desde el 2009 o los alegatos del juicio entablado por los afectados por el accidente del buque SEBAAN en Texas. Junto con sus hijos, Lourdes y Aarón, además de su socio, Emilio Eguía Villalobos, el doctor Olvera de Luna lleva la firma O & M abogados, que cuenta con dos despachos habilitados en la Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco.

Estos y “otros reconocidos abogados externos” llevaron los asuntos de Oceanografía. Esto comienzan a desvelarse gracias, entre otras cosas, al abogado Vicente Corta, socio de White & Case, quien a mediados de la semana pasada envió una misiva, para aclarar informaciones divulgadas en este espacio; particularmente, sobre los servicios de asesoría y unos poderes legales otorgados a la firma texana, para defender a la naviera carmelita.

“Nunca hubo acto alguno de aceptación ni de ejercicio de dichos poderes por parte de White & Case”, refutó el abogado, “al señor Amado Yáñez no le gustó que este despacho se negara a representarlo a él y a su empresa en la reestructuración financiera que pretendía, a consecuencia de la situación en la que se encontraba Oceanografía y por la inhabilitación administrativa en la que recayó”.

La información recopilada por las comisiones legislativas que investigan los contratos cedidos a Oceanografía por Pemex revela que desde el 2011 y hasta febrero del 2014, White & Case asesoró a los accionistas de Oceanografía. Y los abogados saben que con el simple hecho de plasmar en el acta del consejo de administración la voluntad de las partes, adquiere validez jurídica. En ese mismo sentido, está claro que para surtir efectos contra terceros, es necesaria su inscripción en el registro público de comercio.

Vicente Corta ejerció su derecho de replica y exigió la publicación íntegra de su aclaración, “para beneficio de los lectores de este respetable diario”. Con esos afanes, además, reveló un capítulo inédito en esta historia: cuando la PGR aseguró los activos de Oceanografía, sus libros corporativos estaban en la oficina de White & Case en México.

“Para procurar la máxima transparencia en la entrega, este despacho decidió consignarlos ante las autoridades judiciales”, afirmó. En primera instancia, fueron remitidos al juez de la causa y no a la central de consignaciones. Un trámite defectuoso que posteriormente corrigió el magistrado, determinó entregarlos a la PGR.

A nombre de la firma texana, Corta subrayó que las asesorías a Oceanografía fueron realizadas “en estricto apego a la legalidad” y que no representaron mayor problema. A sabiendas de que los libros corporativos son documentos mercantiles que, debidamente integrados y firmados, sirven como importantes medios de prueba, el abogado penalista Rafael Heredia otro abogado –quien actualmente está a cargo de la defensa de Amado Yáñez– reclamó esa acción a los socios de White & Case.

Ahora, queda la duda: ¿Por qué tenían los abogados de White & Case libros corporativos de Oceanografía?

Por Alberto Aguirre / HOY TE RECOMENDAMOS LEER: / elarsenal.net