México: ¿un país con leyes pero no de leyes?

Sólo en sus dos primeros años de gobierno, el Presidente consiguió del Congreso la aprobación de 11 reformas estructurales para mejorar la educación, reactivar la economía, procurar mayor eficiencia y consolidar la democracia nacional.

Es difícil encontrar una reforma más completa como la aprobada para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente, con modificaciones a la Ley General de Educación, que pretende que quienes impartan clases sean aquellos maestros mejor preparados.

Pero a pesar de haber sido promulgada en septiembre de 2013, es imposible de aplicar en todo el país porque los maestros de Oaxaca y Michoacán no desean ser evaluados, pues se creen dueños vitalicios de sus plazas, aunque pocos de ellos son maestros de verdad.

Incluso, apenas ayer de manera unánime los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debieron ratificar que la evaluación es constitucional y son infundadas las impugnaciones de la CNTE, que controla al magisterio de Oaxaca y Michoacán.

Es decir, más de un cuarto de millón de maestros (115 mil en Oaxaca y 140 mil en Michoacán) viola la Constitución y no recibe ninguna sanción penal por ello, lo cual es insultante, porque cualquier otro ciudadano comete un delito del fuero común que conlleve cárcel y es apresado.

Peor todavía, son personas que no trabajan y ganan su salario íntegro cada quincena, pese a que cometen una falta aberrante: no imparten clases a un millón 300 mil alumnos de educación básica en Oaxaca y a medio millón en Michoacán. Los tienen condenados al embrutecimiento.

Entonces planteemos:

–Ya existe una reforma constitucional que es obligatorio cumplir por todos los ciudadanos del país.

–Ya la Suprema Corte de Justicia ratificó que la evaluación es constitucional y que quienes estén al frente de un aula deben tener conocimientos actualizados y aptitudes necesarias para ello.

Entonces preguntemos:

–¿Somos un país con leyes pero no de leyes?

Entonces concluyamos:

–La Reforma Educativa no será tal hasta que no quede sin evaluar ningún maestro. Porque una “minoría” de un cuarto de millón no puede imponer su capricho en un país de la OCDE y del G-20.

Es vejatorio para el resto de los ciudadanos porque, por ejemplo, según la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 62 por ciento de los presos del país lo están por robos menores a dos mil pesos y sin procesos judiciales correctos.

Y entre esos casos figuran condenas a ocho años por robar unos alambres para jaula de pericos, tres años por robar una tanga usada y un cable para Ipod, seis años por robar condones…

Sí, somos un país de leyes, sólo para algunos.

POR RUBÉN CORTÉS / MESA REVUELTA / elarsenal.net