Mireles y el huevo de la serpiente

La vencida que esta semana empezó a jugar José Manuel Mireles con Los Pinos, como uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán que se niega a deponer sus armas, es un episodio más de la corrupción política que incubaron un sexenio de gobierno estatal priista y dos perredistas, provocando allí un Estado fallido en el entramado institucional y el campeo por sus respetos al crimen organizado.

En Michoacán, donde para algunos protagonistas de la crisis la vergüenza es sólo un estado de ánimo, Mireles asegura, sin sonrojos, que ha gastado siete millones de pesos para comprar armas y que por eso el gobierno debe mantenerlo si lo quiere ver convertido en hombre de paz: garantizarle medios de vida y un cuerpo de seguridad personal similar al que utiliza el Presidente, según una carta que envió a la CIDH.

¿De dónde obtuvo Mireles siete millones de pesos para comprar armas? Ni lo explica ni cree que deba explicarlo: una displicencia que se entiende como fruto del huevo de la serpiente que se empezó a incubar en 1998 durante el gobierno del priista Víctor Manuel Tinoco, continuó con el del perredista Lázaro Cárdenas (2000-06), y se agudizó con el del también perredista Leonel Godoy hasta 2012.

Una displicencia que muestra Mireles en su comportamiento de dueño de vidas y haciendas como el de los narcotraficantes que dice perseguir, pues siendo un civil sin oficio ni beneficio, se mueve en una flotilla de siete coches, custodiado por 35 hombres con rifles de asalto de uso exclusivo del Ejército y protegidos por cascos militares. Además, quiere que el gobierno le facilite vehículos blindados a prueba de balas de cañón.

Ah, pero sus exigencias al Estado van más allá, de acuerdo con su carta a la CIDH:

—Plan de protección con base en una evaluación de su entorno, actividades y amenazas posibles.

—Cuerpo de escoltas personales del Ejército o PGR, con armas autorizadas.

—Reforzamiento de la seguridad en los recintos en que trabaja y vive.

Las peticiones de Mireles representan un aumento de su reto al Estado, justo cuando sus banderas pierden vigencia porque:

—Están detenidos o abatidos Dionisio Loya Plancarte, Enrique Plancarte y Nazario Moreno; y Servando Gómez La Tuta, cercado.

—El ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna, y tres alcaldes están detenidos, arraigados o con orden de captura, por protección al cártel.

—Hay mil 290 detenidos por homicidio, crimen organizado y narco.

—Apatzingán y otros bastiones del cártel son ahora apacibles y transitables.

Para Mireles dejar las armas implica perder privilegios y reflectores que antes no tuvo por sus fracasos electorales. Pero los juegos de vencidas no duran.

Y la historia dice que siempre gana el Estado.

Por Rubén Cortés /elarsenal.net