Mordidas de 10 millones de pesos

Hasta julio, 60 por ciento de los negocios de Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc (con delegados de la corriente bejaranista del PRD) eran víctimas de extorsión. Ahora se sumó Iztapalapa, con delegado ebrardista, donde los funcionarios cobran 10 millones por autorizar un tubo de gas.

Gustavo Adolfo Roque, miembro de la tribu de René Bejarano que se encarga de hacer cumplir la ley en Tlalpan, fue echado tras nueve denuncias de restauranteros por casos de extorsiones que iban de 15 mil a 140 mil pesos.

La ALDF, controlada por mayoría bejaranista, y la delegada Maricela Contreras, notoria bejaranista, se las ingeniaron para impedir que fuera removido y que la propia delegada solicitara licencia, pero al final ella misma tuvo que correr a Roque, que era su Director Jurídico.

El delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, es investigado en la PGDF por presuntos actos de extorsión, sobre lo cual el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera afirmó que “se agotará la investigación en todos y cada uno de los términos”.

Incluso, Eduardo  Ramírez Vallejo, quien fuera secretario particular de Toledo, se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente porque exigió tres millones de pesos al empresario Manuel Dacosta para reabrir una gasolinera de su propiedad.

En Iztapalapa, donde es delegado el ebradista Jesús Valencia, los cobros ilegales y actos de extorsión que realizan funcionarios van desde los 10 mil pesos mensuales en abarrotes para poder operar, hasta 10 millones de pesos a las empresas que se dedican a instalar tubos de gas natural.

Los funcionarios corruptos van a las tiendas de abarrotes y pequeños negocios y exigen el pago de 10 mil pesos para declarar ante el Instituto de Verificación Administrativa  que sus locales operan “dentro de la norma”.

El presidente de la Conferencia Patronal de la República Mexicana en el DF, José Luis Beato, asegura que “hay empresas que no pueden acceder al gas natural, porque no les dan licencia para abrir una zanja y colocar un tubo de 100 metros, salvo que paguen 10 millones de pesos”.

Una licencia de colocación de un tubo de gas de 100 metros sólo cuesta 200 mil pesos. Sin embargo, los niveles de corrupción y de la impunidad son tan altos y procaces, que los funcionarios públicos que dan los permisos de obras piden ¡10millones de pesos!

Existen al menos 20 denuncias de una veintena de empresas de Iztapalapa por este tipo de actos de corrupción, pero muchos de los funcionarios que piden las mordidas son quienes reciben las denuncias y… los encargados de trasladarlas al INVEA.

Lo notorio es que, a pesar de las denuncias, el delegado de Iztapalapa se niega a atender a los afectados.

Seguramente cree que todavía gobierna su protector Marcelo Ebrard.

 por Rubén Cortés / elarsenal.net