Narvarte: caso cerrado

Después de seis meses el caso Narvarte está cerrado, tras un impecable trabajo de la PJGDF para esclarecer el crimen de cinco personas en un departamento de esa colonia por un asunto de drogas, pero que adquirió relevancia mediática porque una víctima era fotorreportero.

Esta investigación podría sentar un precedente que limita la libertad de expresión, pero que por lo visto propicia a las autoridades a trabajar con mayor eficacia (sin el engorro de la presión mediática y del activismo público) porque el Poder Judicial les prohibió informar del caso a la ciudadanía.

En pleno apogeo informativo del caso, la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal se lo ordenó a la PGJDF, a petición de familiares del fotoperiodista, quienes solicitaron protección contra “actos de revictimización, omisiones y violación de derechos humanos”.

Estos parientes consideraron que hubo omisión por parte de la PGJDF para el resguardo de la información contenida en el expediente 804/ 2015 y la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, además de que acusaron filtraciones de datos a la prensa.

Con este antecedente, cabe hacer un ejercicio de suposición en relación con otro sonado caso: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, a manos de policías municipales de Iguala y Cocula y del cártel Guerreros Unidos.

Porque apenas ayer continuaban publicándose filtraciones, sólo que los familiares de ese caso no se sienten incomodos como sí Alma Cristina y Perla Patricia Espinosa, hermanas del fotoperiodista Rubén Espinosa, quienes promovieron el juicio de garantías.

Como sea, el caso Narvarte llega a su fin y queda listo para sentencia de los culpables, gracias a la investigación de la PGJDF sobre las huellas que dejó en una pared del departamento un implicado, Daniel Pacheco, confesiones de los detenidos…

Sin embargo, según el subprocurador Edmundo Garrido, el caso no está sustentado únicamente en las declaraciones de los aprehendidos, sino en decenas de evidencias más como geolocalización de llamadas, videos de cámaras de seguridad y otras pruebas periciales.

Por ejemplo, las fotografías que hallaron en el Facebook de otro implicado (el ex agente de la Secretaría de Seguridad Pública, Abraham Torres Tranquilino), su propio testimonio y el registro de una serie de llamadas telefónicas que realizó para hablar con una de las víctimas.

Tranquilino y Pacheco se retractaron ante la juez de sus declaraciones ante el Ministerio Público, en las que confesaban haber estado en el departamento donde ocurrieron los asesinatos. Y el tercer detenido, Omar Martínez, desde un inicio negó que hubiera acudido al departamento.

Pero ya eso es parte de los rejuegos legales. El hecho puro y duro es que el caso Narvarte está cerrado.

Con el éxito que toca, sin dudas, al Procurador capitalino Rodolfo Ríos.

POR RUBÉN CORTÉS / COLUMNAS, MESA REVUELTA / elarsenal.net