“Ni siquiera pueden encarcelar a 11 vándalos”

Al arrancar su tercer año de gobierno, el Presidente Enrique Peña admitió debilidad institucional para enfrentar al narco. Pero, la verdad, no sólo es para eso. El Estado es hoy incapaz de presentar y acreditar pruebas para encarcelar a 11 vándalos por motín, asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa.

Con su proverbial tino, Javier Solórzano Zinser recordó ayer el caso de Florence Cassez (quien salió libre sin ser inocente de secuestro) para comentar cómo nuestra justicia, una vez más, se salió por la lateral al liberar a estos participantes en la marcha del pasado 20 de noviembre.

El sistema judicial fue, otra vez, incompetente para integrar un debido proceso. Incluso, uno de los participantes, Sandino Bucio, reconoció ser uno de los encapuchados que lanzaron bombas molotov a los policías.

Bucio afirmó a MVS Radio que manifestarse con la cara cubierta es una forma de proteger su integridad y también “una acción desde la protesta, una rabia, un enojo a la violencia que viene por parte del Estado, que no se compara en absoluto con quemar una puerta, aventar un cohete”.

Estudiante de la UNAM, Bucio reconoció que estuvo cerca de la puerta de Palacio Nacional cuando ésta fue incendiada, pero que no participó en el ataque, aunque sí en los enfrentamientos contra policías cerca del aeropuerto usando su “legítimo derecho a defenderse”.

Sin embargo, los vándalos detenidos alcanzaron su libertad porque, según las resoluciones dictadas por jueces de Distrito, la policía y el MP no se tomaron la molestia de recabar evidencias y sus imputaciones fueron desproporcionadas e incoherentes.

Vamos, en el caso de las batallas campales con policías en el Zócalo, la única evidencia presentada por la autoridad contra los vándalos fue unos teléfonos celulares de éstos, pero no las piedras, palos, bombas molotov y petardos que les habían asegurado.

Eso fue lo que detalló el Juez 17 de Distrito en Veracruz sobre los 11 detenidos del 20 de noviembre. Hasta la PGR reconoció que la actuación de sus propios agentes estuvo alejada de los protocolos de actuación policial, por lo que ya los tiene en proceso de sanción.

Ante este cuadro, resultó notable lo corto que se quedó ayer el Presidente al admitir “debilidad institucional” para enfrentar al crimen organizado. Bueno, ya ni hablemos de narcotraficantes: el Estado ni siquiera es capaz de integrar órdenes de aprehensión contra 11 lanzadores de bombas, palos y piedras.

Es justificado entonces el hartazgo que existe en la sociedad porque el Estado de Derecho no está siendo aplicado, lo cual pone en riesgo la concreción de las reformas transformadoras aprobadas por el Congreso, en especial, la energética.

Porque cada quien hace lo que quiere… y no pasa nada.

POR RUBÉN CORTÉS / elarsenal.net