¿Ombudswoman para el DF?

Entre los 29 aspirantes presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solo hay seis mujeres. Ellas son, sin embargo, quienes más llamaron la atención mediática y el interés de los asambleístas. Y no solamente por sus trayectorias profesionales, sino por la singularidad de sus propuestas durante las comparecencias que ayer cerraron en el recinto legislativo de Donceles.

Perla Gómez Gallardo definió que en materia de derechos humanos, la dilación o la omisión se convierten en agravantes de la violación. Y sin matices, criticó que 52.85% de las 280 recomendaciones emitidas la CDH-DF a lo largo de sus 20 años de funcionamiento, se reportan concluidas, en tanto que 38.21% todavía están sujetas “a seguimiento”.

Además de eficacia y diligencia, la doctora en derecho y catedrática de la UAM ofreció hacer de la transparencia y rendición de cuentas los ejes de su gestión. Y se pronunció por visibilizar los derechos de quienes no pueden denunciar, facultad con la que cuenta la CDHDF y que ofrece optimizar, lo mismos que una mejora técnico- jurídica de las recomendaciones, como mecanismo de protección y no repetición.

Gómez Gallardo se postuló con el respaldo de la Fundación Manuel Buendía y su candidatura ha sumado avales de UAM, la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM, y la Fundación Trust for Americas. Defensora del ejercicio responsable de la libertad de expresión, ha litigado casos relevantes ante la SCJN con precedentes a favor de este derecho, entre ellos, los de Miguel Ángel Granados Chapa, Jorge Carpizo, Lorenzo Meyer, Froylán López Narváez, y Eduardo R. Huchim.

Con otro tipo de avales, Rosy Laura Castellanos Mariano incluso ha contratado un despacho para la difusión de sus propuestas y la promoción de su imagen. “Feminista, de ascendencia indígena, con una amplia experiencia en el terreno internacional en la resolución de conflictos en campo” –presumen sus publicistas– es presidenta del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos. Y propone llevar a la CDH-DF “al siguiente nivel” en materia de difusión y educación.

A su juicio, ese organismo debe actuar con mayor velocidad y atingencia; “convertirse en un actor en la coyuntura, no necesariamente estar a la espera pasiva de que pasen los acontecimientos y después dar sus recomendaciones. Además de dar recomendaciones debe emprender una serie de acciones que puedan resolver problemas”.

Antes de las comparecencias, diversas organizaciones de la sociedad civil formularon un extrañamiento al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados, quien presuntamente con el aval de los coordinadores parlamentarios, planteó la conveniencia de “depurar” la lista de aspirantes.

Además de las críticas que generó esa propuesta –que reducía a letra muerta la convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF– surgieron suspicacias y versiones sobre la intromisión del ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y otros operadores cercanos a grupos con filiaciones partidistas.

Estas versiones afectarían la nominación de Alejandra Nuño, quien fungió como cuarta visitadora general de la CDHDF en el periodo que Álvarez Icaza estuvo al frente de ese organismo ciudadano.

En cualquier caso, los asambleístas solo deben tener cuenta sus méritos académicos y profesionales. En ese cargo, Nuño debía resolver los “asuntos graves”, como tortura, detención arbitraria y desaparición forzada, así como los temas relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad.

Antes y después de eso estuvo en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, que es un grupo que apoya a víctimas de violaciones a los derechos humanos en litigios ante la CIDH. En México, co-representó a madres en búsqueda de justicia por el feminicidio de sus hijas, así como a dos mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en Guerrero. También formó parte del equipo de representantes del caso de dos campesinos ecologistas detenidos y torturados en la misma entidad. Es un perfil interesante entre conocedora del derecho y defensora litigante de asuntos.

Las versiones sobre la injerencia de agentes externos a la ALDF se han visto alimentadas por información compartida por los asambleístas, respecto de un acuerdo alcanzado por Granados y el líder de la bancada panista, Federico Döring Casar, para votar en el mismo sentido, por un mismo candidato. El respaldo del PRD y del PAN, el requisito de una votación de las dos terceras partes del Pleno quedaría cubierto.

Si la bancada perredista respeta el pacto entre Granados y Döring, el nombramiento es inminente y podría concretarse a finales de la próxima semana, cuando el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, concluya su gira europea y esté de vuelta en su despacho.

EFECTOS SECUNDARIOS

DIMENSIONES. Después de las órdenes giradas por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa al canciller José Antonio Meade Kuribreña, para exigir al gobierno de Estados Unidos una explicación por la intervención de sus comunicaciones privadas, el diputado panista Juan Pablo Adame presentó un punto de acuerdo –“de urgente y obvia resolución”– relativo a “la información del Estado mexicano que fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto”. ¡Órale!

 Por Alberto Aguirre / Correo electrónico: aam@mexico.com