¿Presuntos morosos?

Fuera de México, entre la prensa especializada, Luis Videgaray Caso debe contarse entre los ministros de finanzas más eficaces del mundo; para la opinión pública en México, por el contrario, está convirtiéndose en el villano preferido del sexenio.

Reconocido por su capacidad intelectual y sus habilidades tecnocráticas, el secretario de Hacienda ha mostrado poco oficio político. Enemistado con grandes empresarios y poderosos legisladores, ha generado problemas innecesarios a la administración peñista, por una rigidez que se aproxima a la impiedad.

¿Una cacería de brujas del Servicio de Administración Tributaria? La ley no siempre es justa. Y en los terrenos tributarios, esa máxima se ha convertido en regla de oro en el primer tramo de la administración peñista. Al tsunami alcista producto de la “reforma hacendaria con sentido social” debe sumarse el torbellino de reclamaciones y desmentidos, por la difusión de la lista de los presuntos morosos.

¿Supuestos o definitivos? Para las autoridades fiscales sobra la presunción de inocencia. La exhibición mediática de los “incumplidos” –como reconoció el jefe del, Aristóteles Núñez– busca generar conciencia entre los contribuyentes y conminarlos a ponerse al corriente. Para la autoridad fiscal no hay excepciones o privilegiados. Tampoco existe daño moral o dolo en la difusión de la lista y quienes estén inconformes podrán generar su línea de captura para pagar, o bien solicitar una aclaración que será resuelta en tres días hábiles.

Los más molestos son aquellos ubicados en la lista de “no localizados” –que no fue posible ubicarlos en el domicilio fiscal que consta en los archivos oficiales– e indiscriminadamente fueron referidos como incumplidos por los medios informativos. La migración de muchos empresarios es un fenómeno que no tomaron en cuenta. Y algunos casos resultan explicables, como el de la ex senadora perredista Claudia Corichi García, quien después de su actividad legislativa tomó un año sabático y se inscribió en un programa académico en la GWU, en Washington D.C., pero otros son atípicos, como Elia Manjarrez de Aztiazarán, esposa del alcalde priista de Tijuana y presidenta del comité municipal del DIF.

De inmediato, personajes como Miguel Ángel Yunez, ex director del ISSSTE y ex candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, o el diputado sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex alcalde de Culiacán, han demandado su salida de esa lista negra, que ha llamado la atención mediática, por el numeroso grupo de figuras públicas que la engrosan el diputado poblano Pablo Rodríguez Regordosa, ex secretario estatal de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; a la ex diputada Rosa Elvira Ceballos Rivera, de Sinaloa.

En todo caso, los funcionarios peñistas deberían predicar con el ejemplo y cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Nombres? El exdiputado priista y actual delegado de Liconsa en Durango, Carlos Aguilera Andrade; el subdirector del Centro Estatal de Cancerología en aquella entidad, José González Macouzet; el excandidato a la alcaldía de Gómez Palacio, Augusto Ávalos Longoria; Armando Luna Cabrales, secretario del gobierno del priista Rubén Moreira en Coahuila, el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy y el ex presidente municipal de Saltillo, Jericó Abramo Masso…

Esta primera edición del listado del SAR sorprendió por su impureza y su imprecisión. Ni siquiera en el caso de los contribuyentes “sentenciados” –aquellos condenados por haber cometido un delito fiscal– hubo exactitud, pues en algunos casos aparecen causantes que obtuvieron amparos de la justicia federal o que de plano ya fallecieron.

El listado del SAT ensombreció la estrategia de comunicación desplegada por el equipo de Luis Videgaray para presumir su designación como el ministro de finanzas del 2013. Junto con el canciller, José Antonio Meade, el titular de SHCP ha logrado colocar a una treintena de cuadros en una docena de oficinas gubernamentales primer nivel dentro de la administración peñista y cuenta con una docena de legisladores federales, también en cargos importantes.

En el entorno de Videgaray, no hay lugar para titubeos o incompetencias. Y si no, que le pregunten a los subsecretarios Fernando Aportela y Raúl Murrieta Cummings –condiscípulos del secretario de Hacienda en las aulas del ITAM–, quienes han visto aceleradamente deteriorados sus nexos con el poderoso funcionario.

“La comunicación entre Videgaray con Murrieta es mínima”, relató un amigo común, “Después de dos décadas de trato frecuentísimo, su relación está en el peor momento”. Ya hubo un antecedente: cuando Videgaray descartó integrar a quien había sido su hombre de confianza en la secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense al equipo de la SCHP. De Los Pinos lo rescataron y para el subsecretario de Infraestructura, refieren testigos de los hechos, hubo una reprimenda pública en un brindis navideño. Y con el subsecretario de Hacienda quedaron contrariedades, por su desempeño durante el cabildeo con diputados y senadores, durante la negociación de las reformas fiscal y energética. La molestia con ambos es tanta, que la expectativa de que permanezcan en sus cargos es exigua.

El caso de Aristóteles Núñez está en las antípodas. Si su remoción se confirmara, de inmediato habría ajustes en el SAE y Aduanas.

EFECTOS SECUNDARIOS 

CLAUSURA. La Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión de actividades comerciales en  sucursales del Nacional Monte de Piedad y de la Fundación Rafael Dondé en la capital del país por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor y Normas Oficiales Mexicanas. Además, se impondrá una sanción a Montepío Luz Saviñón por su negativa a la visita de verificación.

por Alberto Aguirre  / elarsenal.net