“¿Quién los mandó a Iguala?, ¡Nadie quiere decirlo!”

Si en el tramo de un año, en el caso Iguala:

–Están detenidos 111 implicados, desde los autores intelectuales (el matrimonio Abarca, el líder de Guerreros Unidos) hasta los autores materiales (El Cepillo, El Gil).

–Fueron difundidas las declaraciones de los asesinos sobre cómo mataron a los estudiantes y los calcinaron, para luego fracturar los huesos quemados, y los restos acomodados en ocho bolsas de basura, vaciadas sobre el río San Juan.

–El mejor laboratorio del mundo en pruebas de ADN, el de la Universidad de Innsbruck, afianzó la conclusión oficial de que la mayoría de los 43 desaparecidos resultaron incinerados en el basurero de Cocula, al identificar a dos víctimas.

Sin embargo, todavía no se sabe lo más sencillo, o existe algún interés inconfesable para ocultarlo:

–¿Por qué motivo los normalistas fueron llevados a Iguala el 26 de septiembre de 2014?

–¿Quién los llevó?

–¿Por qué precisamente enviaron alumnos de primer grado?

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, pidió esclarecer el motivo por el que los normalistas acudieron a Iguala la noche del 26 de septiembre del año pasado, al considerar que no ha quedado claro cuál fue el móvil que motivó la incursión a otro municipio.

Es una inquietud que se empieza a generalizar, pues la CNDH también la expreso en su informe sobre el caso, que incluyó 32 observaciones y propuestas, así como una crítica a las autoridades por omisiones en diligencias y descuido a víctimas.

La CNDH exigió a la PGR investigar “¿por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a Iguala?, ¿quién los llevó? y ¿por qué a los alumnos de primer grado?”. Porque les informaron que irían a Chilpancingo a botear para la marcha del 2 de octubre, pero su jefe desvió el vehículo a Iguala.

Sin embargo, al vocero de los padres (y a la mayoría de éstos) no les interesa saber quién mandó a sus hijos a Iguala. El pasado 24 de septiembre, uno de los papás pidió de manera puntual al Presidente y a la procuradora investigar por qué los jóvenes fueron enviados a Iguala.

Pero Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, se apresuró a desacreditar a este padre: “Lo hizo más bien impulsado desde una voz del gobierno, concretamente de Enrique Galindo, Jefe de la Policía Federal, quien ha empujado esa línea”.

Así que la mayoría de los padres no desea conocer la respuesta, y a la CIDH tampoco porque cobra al gobierno un millón de dólares cada seis meses, y su objetivo es alargar lo más posible los periodos para cobrar ese dinero.

POR RUBÉN CORTÉS / MESA REVUELTA / elarsenal.net