Recomendaciones

El 22 de marzo de 2015, la recién estrenada procuradora general de la República, Arely Gómez González, se dirigió a sus colaboradores cercanos, algunos ratificados en el cargo y otros de nuevo cuño, para decirles: “Somos representantes de la sociedad y con ese espíritu guiaremos nuestro trabajo para dar resultados”. Hasta la fecha, la filípica pronunciada ante sus subalternos sigue en calidad de pieza retórica.

Varios medios informativos en su edición del 1 de agosto destacan otra declaración importante de la abogada de la nación: “Inaplazable, cambio en la PGR para garantizar justicia efectiva”. ¡Milagro!, entusiastas expresan los miles de víctimas que anhelan una justicia expedita. ¡Por fin, sacan de sus madrigueras a tantos burócratas ineptos y corruptos!. Este caro anhelo pronto se desvanece. La funcionaria se refiere a la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, que tendrá presencia en todo el país en junio de 2016.

Todos los pasivos heredados por Jesús Murillo, el ahora descansado fraccionador, más los casos ocurridos en los últimos cuatro meses, seguirán en esa condición, porque doña Arely carece de un equipo que realmente asuma el compromiso de lograr la reparación efectiva del daño causado por integrantes de organizaciones criminales. Las visitas reiteradas a las subprocuradurías y unidades especializadas adscritas a éstas, de familiares de secuestrados, ejecutados o desaparecidos no son muestras de credibilidad en las instituciones, sino constancia viva de la incapacidad de quienes en ellas laboran. Si hubiera resultados, esas instancias estarían desiertas.

Terminar con la terquedad de la delincuencia organizada en seguir desapareciendo personas, es un reto mayúsculo para la titular de la PGR, sobre todo, porque se sabe que este conflicto lleva aparejada la no localización de las víctimas. Es deseable que la señora Gómez González, en un ejercicio de autocrítica, se plantee si realmente tiene capacidad para resolver dicho enigma.

La Procuraduría General de la República se sostiene en una estructura obesa, pesada. La tramitología es agotadora y asfixiante, particularmente, para los pingües esfuerzos emprendidos en las áreas de investigación. Peritajes de diversa índole, generalmente se quedan a medias obstaculizados por normas obsoletas, absurdas. A esta simpleza habrá que abonarle la mediocre formación de los agentes de primer contacto, el Ministerio Público. Quienes ostentan ese cargo,

laboran bajo la supervisión de los fiscales, entes arrogantes que con frases legaloides preconcebidas, de machote, acostumbran darle la vuelta a la realidad, de tal manera que el victimario pasa a ser la víctima.

La gente que ha padecido estos embates de parte de la autoridad ministerial, bien podría plantearle algunas recomendaciones a la señora Gómez González. Sin ir muy lejos, y sólo a título de ejemplo, sugerirle que esté presente en los interrogatorios que policías ministeriales y agentes del Ministerio Público les formulan a presuntos perpetradores del delito de secuestro. Algo ocurre, porque la consignación no es por dicho ilícito, sino por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del ejército.

También le sería de gran ayuda presenciar las mesas de trabajo con familiares de víctimas de desaparición, que mes a mes se llevan a cabo en la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esas reuniones se ha mencionado reiteradamente la localización de 112 personas; lo curioso del caso es que ninguna tiene parentesco con los concurrentes. Ante tal contundencia, quizá la procuradora querría saber cuántos hallazgos se adjudica cada agente del Ministerio Público.

Cabe esperar que la jefa de la PGR escuche las recomendaciones de las madres, padres o hermanos de desaparecidos; ellas, ellos no le escatimarán información ni le regatearán la verdad. Si sólo se atiene a lo que tan caro le venden sus subordinados, sólo estará pagando una fingida lealtad.

POR JOSÉ C. SERRANO  /  COLUMNAS, MISCELÁNEA / elarsenal.net