Respuestas ciudadanas

La brutalidad de los cuerpos de seguridad y la incompetencia de los oficiales partidistas y gubernamentales –expuestas con crudeza en los hechos recientes de Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero– han generado un torrente de voces ciudadanas que en el corto plazo exponen la debilidad institucional para repeler la inseguridad.

 La tarea de enfrentar a la delincuencia no es competencia únicamente de las instancias oficiales. Y como ayer subrayó el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, la acción de los grupos civiles y el gobierno debe ser complementaria, en la construcción de políticas públicas y programas de gobierno que garanticen la promoción de la democracia.

Ahora más que nunca, la activación de la sociedad civil y la resistiencia comunitaria –entendida como la capacidad de sobreponerse a la violencia del crimen organizado– son la apuesta del gobierno peñista para reformular las estrategias gubernamentales en materia de seguridad y la protección de los derechos humanos.

La “guerra contra el narcotráfico” fue sustituida por el programa social para la prevención de la violencia y la delincuencia, coordinado por el subsecretario Roberto Campa Cifrián, cuyo equipo de trabajo ideó y desplegó “intervenciones focalizadas” en 57 demarcaciones prioritarias, con altas tasas delictivas y “factores de riesgo” latentes para el surgimiento o permanencia de un entorno violento.

El diagnóstico y ejecución de las políticas públicas de este tipo tiene un referente esencial: las movilizaciones contra la inseguridad que ocurrieron a mediados del 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, que después derivaron en agrupamientos ciudadanos como Juarenses por la Paz, el Observatorio Juárez y finalmente “Todos Somos Juárez “, que institucionalizó la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno y puso en marcha 160 medidas para reducir el crimen.

Si bien retomó previas experiencias exitosas, la “acupuntura socio urbana” del sexenio peñista tuvo particulares aplicaciones en la región de La Laguna y en municipios fronterizos considerados como “zonas calientes”, entre ellos Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

Aunque pronto viró a una intervención que trató de restaurar la seguridad de Monterrey y Acapulco, donde se había concentrado la atención de la prensa internacional.

Justo en la capital regiomontana es donde han podido cristalizar con mayor solidez los esfuerzos de la sociedad civil, el sector privado, las universidades y el gobierno estatal para rediseñar y construir una nueva fuerza policiaca: seis grandes empresas radicadas en Monterrey aportaron la asesoría de altos directivos en mercadotecnia, logística, ventas y recursos humanos para planificar y desplegar a los elementos de la Fuerza Civil, que fueron capacitados por instructores de instituciones de educación superior –como el ITESM y la Universidad de Monterrey– y reciben asignaciones de una mesa central de control en la que participan mandos medios y superiores de las corporaciones estatales, entre ellas la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría General de Gobierno.

Antes, en Ciudad Juárez y Culiacán. Ahora en Monterrey: la violencia desatada por el crimen organizado pudo ser frenada por la respuesta de la sociedad civil.

Para Tamaulipas, Michoacán y ahora Guerrero, el reto radica en conseguir que académicos, intelectuales, líderes empresariales y representantes de organizaciones ciudadanas se involucren en el mejoramiento de los esquemas de seguridad, la gobernabilidad y la restauración del tejido social.

En estos casos, la dispersión de los centros habitacionales , las bases muy limitadas de la sociedad civil organizada, y –sobre todo– el miedo entre la población a la persecución por parte de grupos criminales.

 Corresponsabilidad, exigen funcionarios gubernamentales y dirigentes partidistas. Ayer, la dirigencia nacional del PRD emplazó a la creación de una comisión especial, en la que participen “personas destacadas en la defensa de los derechos humanos; especialistas y académicos en materia de combate al crimen organizado y personalidades reconocidas por su gran solvencia moral”, que contribuyan con la elaboración  de propuestas sólidas y viables que aporten entre otras cosas, herramientas para combatir el grave fenómeno de la infiltración de la delincuencia organizada en la política, especialmente en la parte más frágil que son los gobiernos municipales.

“Haremos lo necesario para que dicha Comisión trabaje con nuestro respeto pleno y en absoluta libertad, con todas las  herramientas  para llevar a cabo sus trabajos”, prometió el líder nacional del sol azteca, Carlos Navarrete, quien dijo que haría propias las propuestas que de este grupo se deriven.

EFECTOS SECUNDARIOS

EMPLAZAMIENTO.

A través de un oficio, el presidente del Senado de la República, Luis Miguel Barbosa, urgió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, a entregar el  acuerdo que definirá las reglas del proceso de designación del presidente de la CNDH para el periodo 2015-2019.

El anteproyecto de la convocatoria, con propuestas y adiciones, comenzó a circular anoche. Y mientras, comienza a correr el plazo para que el actual ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, solicite su ratificación.

Y después, los legisladores deberán resolver sobre una iniciativa tramitada por la perredista, para reformar el artículo 93 constitucional, con lo que los titulares de los órganos autónomos quedarían obligados a presentar un informe anual de labores y comparecencia ante comisiones “para tratar asuntos de interés nacional”. ¿La autonomía, supeditada a la “rendición de cuentas” al Congreso de la Unión?

EXPERTAS.

Dentro de 10 días, en la Ciudad de México, sesionarán los países integrados a la Convención de Belém Do Pará. Será la primera conferencia extraordinaria del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para erradicar la Violencia contra las Mujeres y el equipo que representará a México está compuesto por la magistrada electoral María del Carmen Alanís Figueroa y Melissa Fernández Chagoya, académica e investigadora del GENDES.

por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net