“Revienta o lo revientan…”

Lo había previsto Marcelo Ebrard en charla con este reportero. Enrique Horcasitas “revienta o lo revientan”. Ayer se cumplió lo segundo. El director Proyecto Metro del Distrito Federal fue separado de su cargo, en aras de la transparencia.

Tiene que responder, ante la Contraloría, a  los señalamientos que hizo, en un desplegado,  el consorcio ICA-Carso-Alstom, que construyó la  Línea Dorada.

El jefe de gobierno del DF, Miguel Mancera, no podía sostenerlo en el cargo. Horcasitas es herencia de la administración pasada. Ya estaba en la dirección del Metro  cuando se construyó la suspendida línea 12.

No puede ser juez y parte en un asunto que, de no haber sido atendido, pudo haber terminado en tragedia.

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El desplegado de ICA Carso y Alstom no solo precipitó la caída del funcionario, sino que puso a flote irregularidades que nadie asume, y eso incluye a  los constructores.

El consorcio sostiene  que el GDF le pidió se basara en la línea A para la construcción de la L-12.

Al cabo del tiempo se dieron cuenta que el tren seleccionado para entrar en funciones de Tláhuac a Mixcoac  era muy diferente a las especificaciones que les dieron al inicio.

Dice el desplegado:  “Los cambios más importantes se refieren a dimensiones, peso, número de carros, distancias entre ejes y características de las ruedas. Cabe señalar que después de 22 años de operación la línea A no ha mostrado los daños que manifiesta la línea 12”.

Añade que el Consorcio tuvo conocimiento de las características de los trenes  seleccionados por el STC hasta marzo del 2012 –solo tres meses antes de su llegada—y cuando las vías estaban casi terminadas.

Año y medio después –en septiembre del 2013—avisó al cliente de los daños en las vías por el paso de los trenes.

El texto asegura que la SCT no permitió el acceso del Consorcio al sistema de vías por espacio de cuatro meses. En consecuencia, “no pudo realizarse el programa de mantenimiento”.

El dictamen de Ingenieros Consultores, firma que representa al consorcio  de empresas internacionales que certificaron la obra, dice que la falta de mantenimiento motivó un “desgaste ondulatorio excesivo” de los rieles.

Eso fue lo que  obligó a   suspender el servicio utilizado diariamente por 430 mil personas.

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Pregunta al Consorcio ¿Por qué solo le avisaron al cliente y no al público que corría el riesgo de un descarrilamiento?

Pregunta al SCT ¿quién y por qué se tomó la decisión de arrendar trenes que  no eran compatibles con las vías?

Pregunta a Joel Ortega y a Horcasitas: ¿por qué se impidió el acceso a las vías al consorcio que construyó la línea?

Joel Ortega, director del Sistema Transporte Colectivo,  puede respirar tranquilo, por ahora.  La investigación está enfocada a funcionarios del Metro de la administración pasada.

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De lo que no se salvan, ni Ortega ni Horcasitas, es del citatorio a comparecer que les envió la ALDF para que expliquen las fallas de la L-12. Teníamos dudas si el órgano legislativo local tiene facultades para citar a ex funcionarios (en el paquete de comparecencias va también Francisco Bojórquez, ex director del STC).

Se lo preguntamos a Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Esto fue lo que respondió:

“La Ley Orgánica faculta a las comisiones de investigación a llamar a particulares, a diferencia de las comisiones especiales. Creamos una comisión de investigación.”

Mancera, por cierto, mando sellar los archivos de la línea 12. Buena decisión. No vaya a ser que a la hora de la hora  desaparezcan expedientes que revelen responsabilidades  en este gravísimo asunto, que la verdad huele muy mal.

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Gabriel Ibarra Elorriaga, vocero del consorcio ICA-Carso-Alstom, declaró  ayer que  pueden arreglar las vías  en dos semanas. ¿En verdad?

Lo que sabemos es  que expertos le han dicho al  Gobierno del Distrito Federal que para poner en  marcha la suspendida línea, hay que calcular un mínimo de tres meses, en el mejor de los casos.

El “excesivo desgaste ondulatorio” del las vías,  requiere del uso de  una maquina especial, que no hay en México. Ya viene en camino, nos aseguran.

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Mueve a risa que pretendan  golpear a Cuauhtémoc Cárdenas con la detención de Humberto Suárez López, secretario de finanzas en Michoacán durante  el gobierno de su hijo,  Lázaro Cárdenas Batel.

El comisionado Federal, Alfredo Castillo, dijo que al ex funcionario, quien también sirvió –¿o se sirvió?—en el gobierno de Leonel Godoy,  se le  acusa de peculado y abuso  de autoridad.

Los sospechosistas  destacan que el asunto se detonó a dos días de que el PRD realice un importante Consejo Nacional  en el que resolverá temas tan importantes como la prolongación del mandato de Jesús Zambrano en la presidencia del partido o si se nombra un interino hasta que se elija a la nueva dirigencia.

Cárdenas ha manifestado su deseo de regresar a la presidencia del PRD, pero  puso condiciones difíciles de cumplir.  Quiere ser candidato de unidad, nombrar al CEN y designar dos candidatos a diputados por circunscripción.

Lo apoyan  los gobernadores amarillos, salvo el morelense Graco Ramírez. Agréguele a los bejaranos; a Miguel Barbosa, coordinador de los senadores amarillos, como fans de Cárdenas.

Pero lo que más juega a favor del ingeniero es la urgencia de unidad que hay en ese partido.

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Lo adelantamos el sábado en este espacio. Jorge Luis Preciado se queda en la coordinación de la bancada del PAN en el Senado. Cecilia Romero,  presidenta interina de ese partido,  lo ratificó ayer.

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Ayer escribimos  aquí que José Alejandro Montano es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Error: es secretario. El panista José Guillermo Anaya es quien la preside.

Una disculpa a los dos y a usted, lector.

Por Francisco Garfias / elarsenal.net