¿Salvando al IFE?

Justo hace ocho días, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados –que preside el perredista Silvano Aureoles Conejo– estaba lista para publicar la convocatoria para la elección de cinco nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Con los plazos constitucionales a punto de expirar –el 30 de octubre deberían dejar su cargo cuatro consejeros, incluido el presidente del IFE, Leonardo Valdez Zurita– todavía había margen de maniobra, de acuerdo a legisladores y abogados que tuvieron acceso al borrador de ese documento: los integrantes de la Comisión de Gobernación –que encabeza el legislador priista Alejandro Moreno– habrían desahogado con rapidez los trámites de registro de los aspirantes y emitido los dictámenes de los candidatos que satisfacen los requisitos legales.

Inmediatamente después ocurrirían las comparecencias. La previsión es que se admitieran al menos 300 aspirantes, por lo que esta vez solo se les concederían hasta 10 minutos para exponer su plan de trabajo y otros 10 para responder a las preguntas de los legisladores.

Pero la agenda legislativa actualmente tiene otras prioridades –principalmente, el dictamen de la reforma fiscal y el desahogo de las consultas sobre la reforma energética, ambos en la Cámara de Diputados– por lo que la elección de los consejeros electorales deberá quedar para una mejor ocasión.

Así ocurre desde hace ocho meses. A la Junta de Coordinación Política –encabezada entonces por el panista Luis Alberto Villarreal– de poco valieron las resoluciones de la sala superior del Tribunal Electoral, sobre la pertinencia de contar con un IFE completo y funcional.

Y al borde del desacato, deliberadamente postergaron la elección del sustituto de Sergio García Ramírez, bajo el peregrino argumento de que sería mejor esperar hasta el relevo de los cuatro consejeros que concluyen su mandato el 20 de octubre, incluido el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita.

Los magistrados electorales tenían la razón jurídica; no obstante, no acudieron a la última instancia –la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– para presentar una controversia constitucional. Una “invasión competencial” hubiera puesto en predicamento su reputación, pero con la reforma electoral en ciernes el riesgo de que los legisladores tomaran represalias era demasiado.

El PAN y al PRD no tenían prisa. Como no la tienen ahora para sacar adelante la reforma política, que si se apega a lo delineado por los negociadores del Pacto por México, convertirá al IFE en el Instituto Nacional de Electores y también podría modificar la integración del TEPJF.

La oposición al PRI está de acuerdo, pero el disenso con el partido mayoritario ha dado al traste a la agenda legislativa. Panistas y perredistas habían condicionado el avance de las reformas energética y fiscal a la modificación de las reglas de la competencia electoral. En la última etapa de las negociaciones, el partido en el gobierno enarboló un decálogo… y los blanquiazules ya no regresaron a la mesa de negociaciones. Literalmente.

Sin Gustavo Madero en las conversaciones, el perredista Jesús Zambrano tampoco vio necesario acudir a las sesiones del Consejo Rector del Pacto por México. Y el priista César Camacho Quiroz quedó con un palmo de narices y sus 10 puntos para la reforma electoral bajo el brazo.

La propuesta priista, por cierto, implica un reforzamiento de la integración y las funciones del IFE, que regularía un nuevo sistema de financiamiento para las actividades de los partidos políticos en el que se proscribirían los dineros públicos, se reducirían plazos legales y se eliminaría laspotización de las campañas.

La precariedad del Consejo General ya no admite más dilaciones. Es por eso que muchos se inclinan porque en San Lázaro finalmente atiendan el incidente de inejecución de sentencia del TEPJF y procedan a nombrar al sustituto de García Ramírez. Con cinco consejeros electorales, el IFE tendría el suficiente margen de maniobra para esperar las definiciones de la reforma política.

En el caso poco probable de que los partidos políticos alcanzaran un acuerdo y dictaminaran las nuevas reglas del juego, estas podrían incluir un artículo transitorio que prorrogara el mandato de Valdez Zurita y los otros tres consejeros salientes, hasta la instalación del nuevo INE.

En estricto sentido, el 30 de octubre deberían elegirse, en el pleno de la Cámara de Diputados, a los cinco nuevos consejeros electorales. Y con el IFE completo, los legisladores podrían decidir –a través de un transitorio de la reforma electoral– si se integran al nuevo INE o son relevados.

EFECTOS SECUNDARIOS

PLEITOS. Meses de intensos trabajos y negociaciones de alto nivel estuvieron a punto de quedar sepultados por las grillas intra-panistas. Y si no, que le pregunten a la senadora Adriana Dávila Fernández, quien junto con sus compañeras de la Comisión Contra la Trata de Personas hace una semana presentó la iniciativa para reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Llamadas de antiguos inquilinos de Los Pinos estuvieron a punto de frenar esa propuesta, cuyo contenido públicamente fue desaprobado por la ex senadora Rosy Orozco, quien por lo pronto se abstendrá de apoyar a los corderistas.

PRESENTACIÓN. El priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, mañana presentará Mi palabra es mi compromiso, la historiografía de la Bolsa Mexicana de Valores escrito por la periodista Lourdes Mendoza.

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Por: Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net