Telecomunicaciones ¿buenos augurios?

Desde hace años el presidente Calderón había advertido públicamente la necesidad de plantear una reforma en materia de Telecomunicaciones, como parte angular del desarrollo del país, así como su intención de someter la correspondiente iniciativa al escrutinio legislativo. Finalmente ese objetivo se vio truncado al no encontrar eco de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, particularmente el ánimo de los legisladores priistas era adverso y, por lo tanto, era prácticamente imposible y políticamente inviable su tránsito ante las Cámaras.

En la actualidad las condiciones cambiaron, se hicieron propicias para construir una propuesta integral, que estableciera desde la Constitución las reglas, los criterios y los órganos encargados para fortalecer la rectoría del Estado en las telecomunicaciones. Siendo un tema donde se conjugan múltiples intereses, que van desde los nacionales hasta los grandes conglomerados económicos y, de manera prioritaria los derechos del público consumidor, es inusitado, sorprendente e inédito, que la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo, tuviera una aceptación generalizada.

El asunto por sí mismo, reviste gran complejidad. De ahí derivan implicaciones políticas, sociales y económicas. Se trata de una materia que requiere tecnología de vanguardia, en consecuencia no se limita únicamente a cuestiones filosóficas, su diseño también está íntimamente vinculado a cuestiones técnicas, por lo tanto, hacer la iniciativa entre representantes de diversos institutos políticos y el gobierno federal, encontrar puntos de coincidencia y establecer sus alcances, no fue una tarea sencilla, sino producto del diálogo, del entendimiento, de negociación y acuerdos. Sin embargo, es perfectible, la iniciativa es un saque, ahora corresponde al poder constituyente hacer su tarea.

El contenido es muy amplio y dotado de especificidad, por lo que solamente abordaré tres de sus puntos principales:

Primero.- Se encuentra dirigida para favorecer a los derechos humanos, al establecer que toda persona tiene derecho al libre acceso a información veraz, plural y oportuna. Así como el acceso a las tecnologías de la información. El Estado debe garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital.

Establece que las telecomunicaciones son un servicio público de interés general, prohíbe y sanciona la censura.

Segundo.- Siendo un servicio público: el estado debe garantizar que este sea prestado en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Las telecomunicaciones y la radiodifusión deben brindar los beneficios de la cultura a toda la población, fomentando los valores de la identidad nacional y se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

Se establece el must offer y must carry de manera gratuita, inclusive bajo reglas regionales.

Tercero.- Se forma un Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano constitucional autónomo, con facultades para administrar el espacio radioeléctrico, que actualmente le corresponde al Ejecutivo Federal, con ello otorgar o revocar concesiones. Estas podrán ser para uso comercial, público, social y privado.

Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública, para asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final, en ningún caso el factor determinante en las licitaciones para asegurar al ganador será meramente económico. Las de uso público y social podrán ser asignadas.

Para evitar la partidocracia en la designación de los miembros del Instituto se ha diseñado un proceso, cuyo propósito sean filtros llevados a cabo por un consejo técnico, independiente, autónomo, que después de evaluar proponga a quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, ante el ejecutivo y de entre ellos elija una propuesta para su ratificación ante el Senado de la República.

No solamente es una iniciativa plural, de alto calado y necesaria, sino que además al suscribirla junto con el Ejecutivo Federal los dirigentes de las principales fuerzas políticas y los coordinadores parlamentarios, lleva consigo un acto sin precedente.

Tampoco pasa desapercibido, que las principales empresas en materia de telecomunicaciones del país, como organismos no gubernamentales como la AMEDI, han expresado opiniones favorables a la misma, por lo que se considera inicia el trámite legislativo con buenos augurios.

Por: Alejandro Zapata Perogordo / elarsenal.net