60 por ciento de Ayuntamientos no aplican Ley para personas con discapacidad

 “Resulta indispensable que dentro de los esfuerzos de desarrollo de nuestro Estado, se incluyan las cuestiones relativas a la cultura de la discapacidad, para determinar las políticas, programas, así como la asignación de fondos para proyectos de progreso, y con ello, lograr una igualdad de las personas con incapacidad y poder incluirlos dentro de una vida común”, así lo manifestó la diputada Laura González Martínez.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, resaltó la importancia de generar una cultura más tolerante y sensible hacia la discapacidad, “debemos comenzar por las autoridades, quienes no podemos ser omisos ante esta situación de inequidad y desigualdad social con este grupo tan vulnerable de la sociedad”.

Estamos pendientes de dar seguimiento, así como la atención correspondiente, para que en el ámbito de sus obligaciones, el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos municipales, expidan los reglamentos y bandos, normas urbanísticas y arquitectónicas para la eliminación de barreras u obstáculos para las personas con discapacidad, así como la contratación de manera obligatoria, como mínimo el 2 por ciento de la planta laboral de los organismos gubernamentales, a este sector de la ciudadanía, tal como lo establece la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán.

Es fundamental que se realicen dichas actividades, para que se prevea la mejora en la calidad de vida de los 104 mil 555 discapacitados, que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) viven en el Estado, “lo que equivale al 2 por ciento de la población y que han sufrido de incomodidades en su vida cotidiana por la falta de aplicación de la Ley, la cual que fue publicada desde el 2004 y que a la fecha, nueve años después, no ha sido ejercida en el 60 por ciento de los Ayuntamientos de la entidad”, expresó.

Finalmente González Martínez, refrendó su compromiso con los michoacanos, en especial con este sector tan vulnerable, a garantizar, proteger, así como actuar en beneficio de los derechos humanos, y con ello lograr un Estado incluyente, “estaremos pendientes, no sólo de hacer nuevas leyes al respecto, sino también teniendo plena vigilancia para que sean cumplidas y respetadas las ya existentes”, concluyó.