Creación de sala electoral evitará nombramientos partidistas en elección de magistrados electorales

“La Iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, la cual contempla la desaparición del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y la creación de una Sala Especial Constitucional Electoral, que sea parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), no contrapone ni viola nuestra Carta Magna, de lo contrario, cumple con la disposición constitucional, la cual especifica que en cada entidad federativa debe existir una autoridad jurisdiccional que resuelva las controversias en la materia”, así lo declaró el diputado Sebastián Naranjo Blanco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Poder Legislativo en la entidad.

El legislador promotor de dicha Iniciativa que reforma los artículos 13, 73, 76, 77, 83, 67, 70, 73 y la derogación del 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, señaló que la propuesta no establece eliminar el sistema de medios de impugnación, “este seguirá existiendo, pero queda claro que la normativa vigente, no impone la obligación de que la autoridad jurisdiccional, sea un Tribunal Constitucionalmente Autónomo, como lo es actualmente”, señaló.

“No estamos proponiendo que se pierda autonomía alguna, ni independencia, pues la autoridad jurisdiccional electoral estará en el seno del Poder Judicial del Estado, lo que permitirá regirse por principios de profesionalismo, méritos y capacidad para acceder a los puestos públicos”, destacó el diputado albiazul.

En el mismo sentido, explicó que actualmente la decisión del nombramiento de los Magistrados electorales recae totalmente en el Poder Legislativo; actualmente el personal que labora en el Tribunal Electoral se designa a propuesta de los mismos Magistrados; con la reforma en cuestión, los aspirantes a dichos puestos serán evaluados por el Consejo Judicial, quien hará la propuesta al Congreso y todo el personal de la Sala Especial Constitucional Electoral estará sujeta al servicio judicial de carrera, dotándolo de mayor fuerza, capacidad, profesionalismo, estabilidad autonomía e independencia a todo su quehacer”. “Con ello se pretende evitar la intervención de los partidos políticos, con el objetivo de que lleguen a estos cargos las personas que cumplan con el perfil idóneo, contando con los conocimientos suficientes, tal vez sea esta la razón del porque algunos afirman que se pierde independencia”, explicó.

Finalmente Naranjo Blanco, dijo que en México solamente ocho de las 32 entidades federativas poseen Tribunales Constitucionales locales, “el centralismo judicial que existe en el país resta a los estados autonomía y facultades de hacer, aplicar e interpretar sus propias leyes, por eso uno de los objetivos de la presente iniciativa es delimitar las competencias del Poder Judicial Federal con el Judicial Local, para así, poder profesionalizar al uno del otro, y evitar que el Estado deje de

evadir su responsabilidad de cumplir la Constitución con el argumento de falta de reglamentación”, concluyó.