Indispensable armonizar leyes para salvaguardar derechos humanos de michoacanos

“Resulta urgente que en coordinación de autoridades federales y estatales, concreten mecanismos, así como acciones verdaderas con la finalidad de erradicar el delito de la tortura en nuestra sociedad”, así lo dio manifestó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Laura González Martínez.

Cabe destacar que la tortura tiene como resultado conductas que agravian directamente la esencia del ser humano, las que afectan su dignidad como ninguna otra acción u omisión y es tipificado como un crimen de Lesa Humanidad.

Ante ello, González Martínez refirió que es indispensable y necesaria la necesidad de armonizar la legislación estatal con la federal, y actualmente es un tema que se está revisando en la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, “en nuestro país actualmente la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, ha constituido un avance muy importante, tiene los elementos esenciales para determinar la tortura, sin embargo queda ambiguo y ha resultado insuficiente para combatir la tortura, debido a que se necesitan condiciones legales que permitan probarla, un procedimiento más eficaz dentro de nuestra impartición legal, así como la implementación de justicia de manera más pronta y expedita, que permita proporcionarnos la disminución de esta práctica inhumana que lamentablemente, sigue existiendo en nuestra sociedad”, subrayó.

Es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a la tortura como infligir intencionalmente a una persona con dolores o sufrimientos, ya sean físicos, morales o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o alguna confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidar o coaccionar para que realice o deje de realizar una conducta determinada para obtener placer o un beneficio para sí o para un tercero, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

En el mismo contexto, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señaló que existe responsabilidad de un funcionario público no solo al ejercerla sino también por permitirla, al no concretar una denuncia o darle el seguimiento permitente, por lo tanto, este delito es cometido por comisión u omisión.

Específicamente en Michoacán, durante la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso local, se presentó una Iniciativa de Ley para la Prevención, Sanción y Atención de Víctimas del Delito de Tortura, la cual fue desechada posteriormente.

Ante ello, González Martínez insistió “tengo el compromiso de armonizar y adecuar las leyes estatales en contra de esta práctica que violenta los derechos humanos de los ciudadanos, así como las garantías individuales de todo ser humano”, finalizó.