Lamenta PT que la Ley 3de3 sea una simulación

Luego de que en el Senado de la República se aprobara la Ley 3de3, cuyo propósito era transparentar el uso de los recursos por parte de de los servidores públicos y evitar el mal uso de los mismos, el Partido del Trabajo califica dicha normatividad como una simulación toda vez que permite a los funcionarios no publicar su declaración patrimonial completa, además de que no es imputable al Presidente de la República y excluye a los empresarios que tienen contratos con el gobierno más no así a sus trabajadores.

Dejamos claro que respaldamos la demanda de la ciudadanía por crear instrumentos que combatan la corrupción y permitan el fortalecimiento de la transparencia y la vida democrática del país, sin embargo, la ley en cuestión es un pésimo reflejo de la iniciativa ciudadana, por tanto, consideramos indispensable que los legisladores rectifiquen y hagan los cambios necesarios para apegarse a lo que clama la sociedad civil.

Asimismo, consideramos que para la formulación de una ley se requiere del diálogo, la confrontación respetuosa de posiciones y el consenso de las distintas fuerzas políticas, sin embargo la Ley 3de3 adoleció de ello, ya que los senadores del Partido del Trabajo fueron excluidos y una vez más se incurrió en el monopolio de la toma de decisiones por parte del PRI, PAN y PRD, lo que derivó finalmente en una ley hecha “a modo”.

En este contexto, reprobamos que se quiera legitimar la impunidad y para ello se establezca un sistema en el que sólo se camuflen los órganos que habrán de encargarse de operar la ley, mismos que ya existen y sólo cambiarán de denominación, a ello se agrega que sea el Presidente de la República quien designe a los titulares de las carteras, es decir, será juez y parte.

Estamos a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, estamos convencidos que la solución de fondo no se acota a una ley pero puede ser una avance siempre que se retome fielmente el sentir de una sociedad harta de corrupción y engaños, se tiene que atacar el problema de raíz y ello incluye a la figura presidencial y a los empresarios que tienen vínculo con el sector público, de lo contrario, sólo será una ley simuladora y laxa ante los grandes y graves problemas de enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses y tráfico de influencias.

Los petistas lamentamos que se haya perdido el sentido de la iniciativa ciudadana, por lo que hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que no se convierta en Oficialía de partes, sino que subsane las deficiencias de la ley y se perfile una política integral anticorrupción.