Michoacán cumplirá con mandato federal del nuevo sistema

Están las condiciones dadas para que el próximo 4 de mayo arranque el Nuevo Sistema de Justicia Penal en las regiones de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, con lo que Michoacán dará pleno cumplimiento al mandato federal en la materia, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Local, Juan Bernardo Corona Martínez.

El también representante del Poder Legislativo ante el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, consideró que sin contratiempos arrancará el nuevo sistema, incluso destacó que este miércoles 6 de abril, se realizará el Encuentro de los Titulares de las Instituciones Federales, Locales y Municipales, encargados de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a las 13:00 horas, en el Patio Central del Congreso del Estado.

El diputado local por el distrito de Huetamo, reiteró que la efectividad del nuevo sistema de justicia penal depende de todos, autoridades y sociedad, ya que en la medida en que asumamos que el cambio implica una transformación de fondo en la forma de concebir la impartición y procuración de justicia en nuestro país, es que podremos transitar con éxito en la encomienda.

Con el arranque del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Apatzingán y Lázaro Cárdenas el próximo 4 de mayo, resaltó Michoacán cumplirá con el mandato federal y a su vez la sociedad y autoridades “tendremos una nueva manera de asumir la justicia y la forma de relacionarnos, con un sustento eminentemente garantista”.

Si bien la tarea ha estado del lado de la cancha de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para conformar el andamiaje jurídico, operativo y estructural del sistema, pero toca ahora también a la ciudadanía asumir que la responsabilidad para construir esta nueva cultura de la legalidad es de todos.

El nuevo sistema, subrayó, permitirá que las personas recuperen la confianza en sus instituciones de procuración e impartición de justicia, ya que conlleva un profundo cambio cultural tanto en los operadores como en la ciudadanía pues implica una reforma estructural con un profundo calado político, encaminada a la consolidación democrática del Estado.

La premisa fundamental del nuevo sistema es el estricto apego al respeto de los derechos humanos que garanticen, con la participación corresponsable de la sociedad un entorno seguro para la vida y una justicia expedita e imparcial.