Michoacán requiere de una Ley de Justicia que proteja a menores infractores

“Es indispensable que actualmente se impulse una reforma que garantice las necesidades de protección a los adolescentes infractores, ya que en nuestro País, estos representan un sector vulnerado ante la exclusión social”, así lo señaló el diputado José Sebastián Naranjo Blanco.

El también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, señaló que la vulnerabilidad de dicho sector, es aprovechado por terceras personas para hacerlos incurrir en conductas tipificadas como delitos.

“Es necesario impulsar una reforma que proteja los derechos de los menores infractores, que actualice el marco jurídico, homogeneizando disposiciones y facilitando el trabajo de las instituciones de readaptación social, para que se cumplan sus objetivos de que estos sean reinsertados dentro de una sociedad”, indicó.

El parlamentario del blanquiazul, señaló que un menor de edad que comete un delito, debe recibir tratamiento más por la vía pedagógica y psicológica que por la represiva.

Naranjo Blanco, reiteró que sancionar a los menores infractores sólo desde la perspectiva y bajo el juicio de los adultos, ha sido insuficiente para crear un buen sistema para su readaptación social.

Asimismo, indicó que actualmente la cultura de la información ofrece a los menores más oportunidades de asumir a edad temprana, plena conciencia sobre sus actos, para que estos sean modificados y no afecten durante el trayecto de vida posterior.

“La delincuencia juvenil es un fenómeno que representa uno de los problemas criminológicos que crece cada día más dentro de nuestra sociedad, ante ello, es urgente se tomen medidas que prevean su incorporación a sectores de la sociedad”, reiteró el representante popular del distrito de Los Reyes.

En el mismo contexto, señaló que de acuerdo a la reciente reforma al artículo 18 Constitucional, especifica que los adolescentes comprendidos en el rango de edad de 12 cumplidos a 18 años incumplidos, serán tratados de manera diferente a los menores de 12 años de edad, por lo que ahora la cuestión radica en determinar qué sistema o modelo de justicia del infante es el más adecuado para ello.

Finalmente, el diputado Sebastián Naranjo subrayó la urgencia de poner un freno a las conductas que se apartan de la ley, señalando que también existe un deber del Estado para proteger y preservar a este sector y sólo con atención adecuada se les pueden ofrecer condiciones para readaptar su capacidad física, así como psicológica y una reinserción social.