Regularización de vehículos extranjeros, responde a la protección del patrimonio de migrantes: Manuel López Meléndez

La propuesta que impulsa una ley de inscripción vehicular de procedencia extranjera, para normalizar la situación ilegal de los automotores extranjeros en nuestro país, responde a la protección del patrimonio de miles de migrantes michoacanos, afirmó Manuel López Meléndez.

Ante las declaraciones de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quien manifestó su inconformidad porque prospere el exhorto que se presentó para enviar al Congreso de la Unión, a fin de que se impulse una ley para regularizar los vehículos extranjeros, el Diputado integrante del PRD, señaló que su propuesta responde a los intereses de miles de michoacanos que viven en zonas rurales en su mayoría, y que no tienen la solvencia económica para adquirir otro automotor, sino utilizar el que adquirieron ellos o un familiar con mucho esfuerzo en el vecino país, lo que representa su único patrimonio.

Asimismo, resaltó que dicha propuesta tiene como finalidad conciliar la necesidad de procurar la transparencia y la legalidad en la posesión de dichos bienes e incorporarlos al padrón vehicular y así garantizar una estabilidad social, económica y de mejor calidad de vida.

Recordó que la falta de empleo y oportunidades ha convertido al estado de Michoacán  en una entidad que por lo general siempre se disputa los primeros lugares en migración hacía los Estados Unidos, por ello, la necesidad también de contribuir a proteger el patrimonio de los hermanos migrantes, más aún, cuando se prevé un retorno de connacionales con la llegada de Donald Trump a la presidencia de dicho país.

Manuel López, llamó a la sensibilidad de quienes como empresarios sólo buscan proteger sus intereses, y pidió ser solidarios con las mayorías, además de que no se puede negar la realidad, en Michoacán como otras entidades del país es visible el gran número de vehículos de procedencia extranjera que circulan sin estar regularizados y eso puede ser un problema mayor.

“Uno de los tantos problemas a los que se enfrentan nuestros paisanos  que se originan por el fenómeno migratorio es la regularización de vehículos que se introducen a territorio mexicano. De lo anterior, en los últimos 38 años ha habido un total de 19 medidas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera en México, tradicionalmente en las entidades de las zonas fronterizas, y las entidades donde se genera mayor migración a los Estados Unidos es donde se concentra la mayor parte de vehículos extranjeros ilegales”.

 En Michoacán el incremento del padrón vehicular de procedencia extranjera, se encuentra altamente correlacionado con el elevado porcentaje de la población migrante de la entidad y pese a que no existe información oficial sobre el tamaño de este parque de autos, hay datos de organizaciones campesinas que en la entidad reportan entre 300 y 500 mil propietarios de este tipo de vehículos que han promovido amparos ante la posibilidad latente del embargo de este bien utilitario y que es su patrimonio.

La adquisición de vehículos por parte de los migrantes michoacanos en el exterior, está determinada por el diferencial de precios que existe en el mercado extranjero y nacional de los autos usados, misma que según un estudio de la Secretaría de Economía publicado en Julio de 2014 denominado “Importación de Vehículos Usados”, oscila entre un 100 por ciento para modelos 1998 hasta un 3 por ciento para modelos 2008; siendo su uso fundamental el propio de una herramienta de trabajo en labores de uso rudo.

Derivado de la necesidad de reconocer esta realidad y de ordenar la situación jurídica de los vehículos que circulan en territorio michoacano, y dado que es obligación de esta Soberanía procurar las medidas pertinentes que garanticen la certidumbre de los habitantes de nuestra entidad sobre su patrimonio, resulta imperativo que, en coordinación con las autoridades competentes y con el Ejecutivo del Estado, este Poder Legislativo debe abrir cauces de análisis sobre la posibilidad de impulsar una norma que dote de legalidad y seguridad a la estancia y permanencia del parque vehicular de procedencia extranjera que circula en la entidad.