Acción penal contra un policía ministerial por el delito de secuestro exprés y extorsión

Morelia, Michoacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán hace de su conocimiento que congruente con los compromisos establecidos por la administración estatal en el sentido de actuar con firmeza y contundencia contra las y los servidores públicos que transgreden la ley, ejercitó acción penal contra un elemento de la policía ministerial, por su relación en el delito de Secuestro Expres agravado y extorsión.

Ante el Juez de Control fue presentado el agente policial, quien de acuerdo a datos de prueba obtenidos durante el trabajo realizado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, exigió la entrega de un vehículo a cambio de no llevar a cabo la detención de un familiar del denunciante.

Para cumplir con dicho propósito, el imputado retuvo al agraviado por unas horas y lo liberó una vez que tuvo en su poder los documentos de la unidad.

Los hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por lo que se inmediato se llevó a cabo la investigación correspondiente que permitió ubicar e identificar al servidor público, además de recuperar la unidad relacionada en el hecho.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía Especializada solicitó la respectiva orden de aprehensión , misma que fue obsequiada por el Juez de Control.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional , misma que en audiencia resolvió a su vinculación a proceso tras considerar que existen datos que establecen que se ha cometido un delito y que existe la probabilidad de que el inculpado lo cometió.

De igual forma el juez penal determinó prisión preventiva en virtud de que por pertenecer a una institución de procuración de justicia se agrava el delito y en caso de acreditarse la plena responsabilidad en esta conducta ilícita podría alcanzar una pena privativa de libertad de 54 a 112 años.

Con relación a este hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán reitera que todos sus servidores públicos están obligados a respetar la Ley y a conducirse bajo los principios de lealtad y probidad que están comprometidos a respetar por el bien de la institución y de la sociedad a la que prestan sus servicios, por lo que refrenda que no habrá tolerancia y se actuará con firmeza y contundencia contra quienes la transgredan.