Seguridad
Ayotzinapa: 11 meses sin respuesta
Familiares de los desaparecidos preparan una huelga de hambre para exigir la presentación con vida de los jóvenes estudiantes.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizarán este miércoles una huelga de hambre que se extenderá por un mes, en el marco de los 11 meses de que en el municipio de Iguala (estado de Guerrero, sur de México) el pasado 26 de septiembre, los jóvenes fueran vistos por última vez.
Medios locales indican que la movilización se desplazará hasta sedes consulares de varios países, para presionar al Gobierno de Enrique Peña Nieto a que siga las recomendaciones de investigadores internacionales que participan en el caso.
Se tiene previsto que la manifestación inicie en la capital del país alrededor de las 16H00 locales; convocatoria a la que se sumó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg).
Investigación pendiente
Tras 11 meses del acontecimiento, los afectados por la desaparición de los jóvenes reiteran su rechazo a la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), que indican que los estudiantes fueron secuestrados por agentes policiales, entregados al crimen organizados, asesinados e incinerados en un basurero de Cocula.
De igual forma los reclamos al Gobierno nacional no han sido aceptados, por lo que aún no se ha podido entrevistar a los militares del 27 batallón de Iguala para ofrecer su versión de los hechos.
Otro punto importante de la investigación fue el hallazgo de presuntas ropas de los estudiantes que no fueron tomadas como evidencia del caso ni reportadas ante la opinión pública. Incluso el Congreso mexicano ha ignorado sus peticiones sobre una legislación contra la desaparición forzada.
En contexto
El 26 de septiembre de 2014, una operación de las policías municipales de Iguala y Cocula acabó en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, tras la intercepción de los autobuses donde viajaban alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue acusado de ser el autor intelectual del hecho en el que murieron al menos siete personas. Se presume que los estudiantes fueron entregados a un grupo delictivo denominado “Guerreros Unidos”, una especie de célula del Cártel de los Beltrán Leyva.
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