Seguridad
Científicos mexicanos: Los 43 estudiantes pudieron ser cremados por el ejército
Científicos de las universidades mexicanas UNAM y UAM llevan a cabo su propia investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que, según ellos, pudieron haber sido cremados en instalaciones del ejército. Uno de los investigadores denuncia que lo persiguen y que recibe amenazas telefónicas.
Investigadores de las universidades mexicanas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), están desarrollando su propia investigaciónalternativa a la de Procuraduría General de la República (PGR), sobre el paradero de los restos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La PGR sostiene que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula en el estado de Guerrero, y que fueron calcinados hasta el punto que es imposible identificarlos. Sin embargo, los físicos Jorge Antonio Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, presuponen que los restos se incineraron en crematorios del ejército, así como en crematorios privados, informa ‘La Jornada’. Hasta ahora tan sólo los despojos (un fragmento de hueso y un diente) de un único estudiante han sido hallados en el basurero de Cocula, mientras que los padres de los estudiantes reiteran que no confían en la versión de la PGR.
Los científicos sostienen que su versión podría ser fácilmente comprobada o refutada si la Secretaria de la Defensa Nacional proporcionara los datos sobre la actividad de los crematorios militares. Según ellos, en el caso de que rechacen su petición, se puede solicitar información sobre entrega de gasolina a las instalaciones militares por parte empresas privadas, que deben guardar durante 5 años dicha información para Hacienda. Para realizar una cremación humana son necesarios 53.285 kilogramos de gasolina.
Los científicos dan por hecho que el ejército se negará a proporcionarles dicha información, ya que -afirman- es “una institución cuestionada seriamente por conducirse por encima de la ley”. Uno de los investigadores, el doctor Montemayor Aldrete, confesó a ‘La Jornada’ que lo están persiguiendo y que ha recibido amenazas telefónicas.
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