Continúan los trabajos del Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

Morelia, Michoacán.- En el segundo día de actividades del VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional que se desarrolla en Morelia y en el que participan más de 50 ponentes de diversos países, se desarrolló la mesa de análisis Origen y Evolución de la Jurisdicción y del Control Constitucional, en la que los especialistas en el tema coincidieron en la influencia que las formas y procesos para la aplicación de la justicia francesa y estadounidense han tenido en países de todo el mundo.

Durante el análisis moderado por Alejandro González Gómez, magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se abordó la importancia de la protección de los derechos en la jurisdicción constitucional.

Los ponentes Néstor P. Sagüés (Argentina), Humberto Nogueira Alcalá (Chile), Kristina Nikleva (Bulgaria), Jesús María Casal (Venezuela) y Ernesto Rey Cantor (Colombia), realizaron un comparativo de las instituciones y la forma en que imparten justicia de los países cuyos representantes participaron en la mesa de análisis.

Previamente, en la mesa Antecedentes Remotos del Control Constitucional y Amparo Novohispano, moderado por José Martín Godoy Castro, procurador general de justicia del estado, participaron Domingo García Belaunde (Perú), José Miguel Cabrales Lucio, José Palomino Manchego (Perú) y Mauro Arturo Rivera León.

Ante los más 400 asistentes al congreso provenientes de los estados de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas, los ponentes realizaron un análisis histórico de cómo en México y en otros países de América Latina surge el control constitucional y cómo desde el siglo XVI va originándose la forma de defender la Constitución a través de mecanismos jurídicos.

Cabe recordar que el objetivo de este congreso que se realiza desde el 27 y hasta el 29 de octubre, es analizar la evolución histórica de las reformas necesarias para la funcionalidad y el fortalecimiento del sistema constitucional mexicano, específicamente en materia procesal.