Necesaria la implementación de protocolos nacionales homologados en Sistema de Justicia Penal: Adrián López Solís

Morelia, Michoacán.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, se pronunció por el desarrollo de protocolos nacionales homologados que permitan transitar al mismo ritmo y bajo la misma ruta en los procesos del Sistema Penal Acusatorio, a fin de que se les pueda garantizar a las víctimas de un delito, su derecho de acceso a la justicia.

En el marco de la mesa de análisis “Oportunidades del Proceso Penal Acusatorio en las Instituciones de Seguridad, Procuración e Impartición de Justicia”, López Solís expuso que estas medidas permitirían reforzar, a través del uso de técnicas especializadas, los procesos que llevan a cabo las instituciones encargadas en la materia, dando suficiente soporte para una adecuada argumentación en beneficio de los derechos de las víctimas.

Durante esta charla virtual organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el Fiscal General destacó que las exigencias del modelo de justicia no pueden desprenderse de la realidad en conflicto que se pretende resolver, por ello, cada orden y cada instancia debe atender y dar cuenta de lo actuado y sus logros, en beneficio de la sociedad.

López Solís resaltó que todo lo que realicen los intervinientes u operadores del Sistema debe estar orientado a los cuatro aspectos que constituyen el objeto del proceso penal, que son el esclarecimiento del hecho, la protección al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño a las víctimas.

Asimismo, expuso la necesidad de concentrar esfuerzos para resolver los diversos delitos que se denuncian, esto mediante formas de resolución que atiendan el sentido de la justicia, de ahí que destacó la importancia de la judicialización de las carpetas de investigación y el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

El Fiscal General consideró trascendental que en esta etapa del Sistema Penal se pueda recuperar, con toda su amplitud, la posibilidad de la evaluación y seguimiento y que eso permita mayores elementos para determinar si es permisible un ajuste a la Reforma Judicial para no caer en una situación de contrarreforma o regresión hacia a un sistema que se pretende superar.