Ocho años después, detienen a 20 exfuncionarios y servidores púbicos por el caso Atenco

La PGJEM detuvo y puso a disposición de un juez a 20 personas, entre servidores públicos y ex funcionarios, por estar implicadas en los sucesos de San Salvador Atenco de 2006. Han sido acusados por los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento.

Los disturbios de San Salvador Atenco se produjeron el 3 y 4 de mayo de 2006, en una época en que México estaba de campaña para las presidenciales de ese año.

Las autoridades negaron en Texcoco la reinstalación en el mercado a grupos de vendedores de flores que habían estado ligados a La Otra Campaña del EZLN, que recorría el país en el marco de los comicios.

Los vendedores afectados pidieron apoyo al propio EZLN y a militantes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra.

Esos grupos se enfrentaron con policías estatales y federales, disturbios que derivaron en la muerte de dos personas y la detención de más de 200.

Varios organismos, entre ellos la propia Suprema Corte de Justicia, han establecido que en esos sucesos se produjeron violaciones a los derechos humanos.

En ese entonces, el gobernador del Estado de México era el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

Exfuncionarios y agentes

Los ahora inculpados pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y a la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

En un comunicado, la dependencia informó que ocho inculpados se desempeñaban como policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal que resguardaban a las personas que fueron trasladadas de San Salvador Atenco y de Texcoco al penal estatal de Almoloya de Juárez los días 3 y 4 de mayo de 2006. Dichas personas están acusadas de permitir actos de tortura sobre 12 víctimas, detalló la PGJEM.

Otros 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres que en ese momento estaban detenidas y que presuntamente conocieron de los actos de los policías y no los denunciaron formalmente.

No indagaron las torturas La procuraduría expuso que otro inculpado fungía como agente del Ministerio Público que cuando estuvo a cargo de la investigación no indagó sobre la posible tortura.

La procuraduría mexiquense ejercitó acción penal contra esas personas y hasta el momento el juzgador ha dictado formal prisión por el delito de tortura contra los ocho policías detenidos.

Precisó que este fin de semana el juzgador definirá la situación jurídica de los 11 médicos legistas y del agente del Ministerio Público restantes. Estos casos se suman a los de dos policías que actualmente son procesados por tortura en el penal de Almoloya de Juárez.

20minutos.com.mx