Pocos resultados a 3 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Este viernes se cumplen 3 meses de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa. Pese a la repercusión internacional y al revuelo que ha producido en el país, la investigación presenta pocos resultados, los autores intelectuales no han sido acusados formalmente y los expertos siguen batallando para identificar a las víctimas.

El 26 de septiembre pasado, un grupo de estudiantes de la normal rural se dirigieron a la localidad guerrerense a recaudar fondos para sus actividades. Viajaron en autobuses prestados, como era su costumbre: convenían con el chofer a que los llevara y los trajera gratis, a cambio de no causar mayores daños a las unidades.  Su llegada coincidió con un gran festejo organizado en el pueblo por el alcalde, José Luis Abarca.

La excusa era el informe de actividades del DIF que iba a rendir su esposa, María de los Ángeles Pineda, pero se cree que formaba parte de uno de los varios eventos con los que el edil perredista buscaba impulsar su salto a la gubernatura del convulso estado. De acuerdo con la investigación, el alcalde ordenó a la Policía Municipal que quitaran de enmedio a los normalistas, un colectivo que siempre fue incómodo para las autoridades por su actividad socialmente combativa.

Lo que pasó en las horas siguiente es aún sujeto de investigación y destapó un entramado corrupto entre autoridad y el narco. Esa misma noche, los agentes abrieron fuego contra un autobús repleto de normalistas. También lo hicieron en contra de una unidad que presuntamente confundieron, y que en realidad transportaba a los miembros de un equipo deportivo. Esa noche se saldó con seis muertos: dos normalistas, tres personas que iban con el equipo de futbol y una mujer. Pero además se saldó con la desaparición de 43 normalistas. Versión oficial La versión oficial afirma que los estudiantes fueron detenidos por la policía de Iguala y la de Cocula y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un basurero.

Esta versión no ha sido aceoptada por los familiares de los desaparecidos. Varios normalistas lograron escapar de la policía, en los momentos que transcurrieron entre su detención en la cárcel municipal y su traslado a los límites de Iguala y Cocula, donde fueron entregados.

Pero 43 estudiantes están desde entonces en paradero desconocido. La investigación dejó al descubierto las relaciones de Abarca y Pineda, conocidos como La pareja imperial, con el narco. No solo era el cártel el que financiaba sus actividades, sino que ella era una de las principales dirigentes de la organización criminal. Ambos fueron detenidos el pasado 4 de noviembre en la Ciudad de México, tras un intensivo operativo para buscarlos por todo el país.

Pero, al contrario de lo que esperaban las autoridades, su captura no ha dado ninguna pista definitiva para esclarecer el caso. Ni siquiera para saber fehacientemente en dónde pueden estar los estudiantes. Tampoco las autoridades han logrado presentar cargos contra ellos, y siguen detenidos bajo la figura de arraigo.

Desde la desaparición, han sido encontradas (y se siguen encontrando) varias fosas comunes que contienen cadáveres. El hallazgo de cada una ha despertado los temores de que se trate de los estudiantes. Pero ninguno de las decenas de cuerpos encontrados corresponde a los normalistas, lo que deja al descubierto la dimensión de la violencia soterrada que se vive en Guerrero. PGR cuestionada La actuación de la Procuraduría General de la República ha sido fuertemente cuestionda.

Primero, por haber tardado varias semanas en hacerse cargo del caso. De hecho, la primera referencia que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al ser preguntado por la desaparición, fue decir que tenían que ser las autoridades de Guerrero las que lo esclarecieran. Ante las dimensiones que cobró el escándalo, finalmente la PGR tuvo que hacerse cargo del mismo. Los familiates también ha criticado mucho al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

En una anunciada rueda de prensa el pasado 7 de noviembre, el procurador anunció a los familiares, y posteriormente a la prensa, su tesis de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Murillo Karam se cuidó de decir expresamente que se trataba de los estudiantes, siempre remitiendo a que los análisis periciales tenían que confirmarlo.

Pero dijo que había “muchos indicios” de que se trata de ellos. En esa rueda de prensa, los periodistas preguntaron una y otra vez al procurador si se trataba o no de los normalistas. A la undécima pregunta, Murillo Karam se negó a contestar, diciendo “Ya me cansé”.

La frase se ha convertido en una de las más usadas etiquetas de Twitter para criticar la actuación del gobierno de EPN. Ante el contrataque de supuestos bots del gobierno para desaparecerlo de las tendencias, los internautas ya han hecho varias versiones del hashtag, y ya va en el #YaMeCanse13.

Pero ningún peritaje ha confirmado su tesis. Los expertos que analizan los restos encontrados en Cocula ya han avisado de que tardarán varios meses en hacer un análisis fiable, si es que pueden llegar a hacerlo, dado el grado de calcinación de los huesos.

Hasta ahora, el único cuerpo identificado ha sido el de Alexander Mora. Así, sin cargos presentados ni cuerpos identificados, se ha llegado a los tres meses de la desaparición de los normalistas sin ninguna verdad probada al 100% y con los familiares en pie de lucha demandando el regreso con vida de sus hijos.

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