Policía Federal amenaza albergue para migrantes en Tapachula

El 27 de julio, un grupo de unos ocho agentes uniformados de la Policía Federal irrumpió, sin orden judicial, en las oficinas del albergue para migrantes Todo por Ellos. Los policías mostraron un comportamiento violento y dijeron que habían ido al albergue porque habían tenido noticia de que en él se daban casos de prostitución y explotación infantil.

También dijeron al coordinador del albergue, José Ramón Verdugo Sánchez (conocido como Hermano Ramón), que lo iban a detener, que iban a expulsar a los migrantes, y que “les romperían la madre”. Finalmente se marcharon, tras intimidar a los migrantes y al personal.

En los días siguientes se presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia formal por estos actos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido que se adopten medidas cautelares.

Amnistía Internacional llama a las autoridades que se implementen  medias efectivas de protección al personal, los voluntarios y los migrantes del albergue Todo por Ellos, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados.

Además, la organización urge a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque del 27 de julio contra el albergue y sobre la intimidación de su personal y de los migrantes, y que se haga rendir cuentas a los responsables.

Finalmente, Amnistía Internacional recuerda las autoridades su obligación de respetar el artículo 76 de la Ley de Migración, que establece que ni siquiera el Instituto Nacional de Migración (INM) está autorizado para realizar controles de migración en organizaciones de la sociedad civil que albergan a migrantes.

El albergue para migrantes Todo por Ellos ofrece alojamiento temporal a niños, adolescentes y menores de edad que viajan solos, como migrantes, a través de México. Algunos de los servicios principales que proporciona a los migrantes son comida, atención médica y asistencia jurídica y contra la explotación sexual.

Cientos de miles de migrantes irregulares tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen. Amnistía Internacional visitó México para investigar los informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas personas. Durante su visita, descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.

Por: Arturo Ávila Salazar /  Amnistía Internacional México