10 delitos concentran más de la mitad de las denuncias en Michoacán: Fabiola Alanís

Zitácuaro, Mich., 10 de julio de 2025.- En Michoacán, sólo 10 delitos concentran más de 60 por ciento de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), entre los que destacan las lesiones, el robo de vehículo, la violencia familiar, las amenazas y el homicidio, destacó la diputada Fabiola Alanís Sámano.

Previo a que se apruebe y se publique por parte del Congreso del Estado de Michoacán la convocatoria para elección de la nueva persona titular de la FGE, después de que se notificara la renuncia del actual fiscal, Adrián López Solís, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, acompañada por la diputada del Distrito de Zitácuaro, Emma Rivera Camacho, aseguró que se requiere garantizar un perfil para dirigir la fiscalía que asegure mayor cercanía y empatía con las víctimas, por el tipo de delitos que se presentan en Michoacán.

Destacó que, entre enero y mayo de este año, en Michoacán se han registrado más de 20 mil denuncias por diversos delitos, sin embargo, sólo 10 tipos de delitos concentran más del 60% de las carpetas de investigación abiertas en este 2025, y el primer lugar lo ocupan las denuncias por lesiones dolosas, con más de 2 mil 800 casos; le sigue el robo de vehículo, con 2 mil 100 casos en cinco meses, y luego las amenazas, con poco más de 2 mil denuncias.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó que el séptimo delito más denunciado en Michoacán durante este año es la violencia familiar, con más de 700 carpetas de investigación registradas, un delito que afecta principalmente a mujeres, sus hijas y sus hijos.

En este sentido, refirió la legisladora especialista en políticas públicas con perspectiva de género, en el estado se requiere una FGE que esté encabezada por un perfil que promueva la erradicación de la revictimización al momento de levantar una denuncia, sobre todo en los casos de violencia contra las mujeres.

La Doctora en Ciencias Sociales destacó que se está en una coyuntura en la que se puede transformar la procuración y la impartición de justicia en el estado, para dar un giro al fortalecimiento de la investigación con apego irrestricto a los derechos humanos y con perspectiva de género.