Congreso de Michoacán Aprueba Reforma Constitucional para Fortalecer la Lucha contra la Extorsión

26 de septiembre de 2025. Morelia, Michoacán. – La 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfocada en combatir el delito de extorsión. Esta modificación busca establecer un marco constitucional que facilite la creación de una ley general para perseguir este delito, considerado una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, destaca que la reforma otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir leyes generales que definan los tipos penales y sanciones relacionados con la extorsión. Esto permitirá homologar los marcos legales en todo el país, promoviendo una coordinación efectiva entre autoridades para erradicar este ilícito. La minuta aprobada será enviada al Senado de la República para su revisión.

Durante la sesión, los legisladores subrayaron que la extorsión afecta tanto la libertad como el patrimonio de las víctimas, generando un impacto directo en la seguridad y el bienestar social. “Este delito no solo daña económicamente, sino que crea un clima de temor que debilita el tejido social”, se precisó en el dictamen. Se identificaron tres factores principales que alimentan la extorsión en la región: el crimen organizado, que utiliza los recursos obtenidos para adquirir armas y drogas; el uso de tecnología celular, que facilita el delito sin la presencia física del extorsionador; y la aparición de grupos independientes que imitan estas prácticas.

La reforma busca eliminar ambigüedades en las leyes locales, establecer protocolos claros para la investigación y persecución del delito, y garantizar que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para recibir atención. Los legisladores michoacanos coincidieron en que combatir la extorsión es crucial para fortalecer la seguridad pública y las instituciones, promoviendo un entorno de confianza y paz en la sociedad.