Fabiola Alanís impulsa reforma para que el abuso sexual se persiga de oficio en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.

La diputada Fabiola Alanís presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán con el objetivo de que el delito de abuso sexual se persiga de oficio. La propuesta busca fortalecer la tipificación de dicho ilícito y establecer mecanismos para la reparación integral del daño a las víctimas.

Durante su exposición, la legisladora detalló que en la entidad se inicia una carpeta de investigación por este delito cada 14 horas, lo que representa un promedio de 12 casos semanales y más de 600 denuncias anuales. Según las cifras presentadas, la incidencia afecta mayoritariamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Fabiola Alanís señaló que, previo al año 2020, el promedio anual de denuncias registradas se situaba entre 200 y 400 casos; no obstante, tras el periodo de la pandemia, la cifra ha superado los 600 reportes por año. Asimismo, refirió que existe una cifra negra estimada en el 90 por ciento, lo que implica que por cada delito denunciado, otros nueve no llegan al conocimiento de las autoridades debido a factores como la desconfianza institucional.

La iniciativa retoma mediciones del INEGI que indican que la violencia sexual fue el único rubro de agresiones contra las mujeres que mostró un incremento entre 2016 y 2021 en Michoacán, pasando de 36 a 40 casos por cada 100 mujeres.

El planteamiento normativo de Fabiola Alanís propone cuatro ejes principales:

• La persecución de oficio del delito de abuso sexual.

• El reconocimiento expreso de la reparación integral del daño y garantías de no repetición.

• Una tipificación más amplia de los actos de naturaleza sexual.

• La incorporación del reconocimiento de la negativa de consentimiento para reducir ambigüedades jurídicas.

La legisladora recordó que, aunque en 2024 se avanzó al reconocer el abuso sexual contra menores como un delito autónomo, la actual propuesta busca armonizar el marco legal local con estándares constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

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