Propone diputada castigar con cárcel el condicionamiento de recursos públicos a municipios

Iniciativa busca combatir extorsión y corrupción en la distribución de fondos estatales y federales

Morelia, Mich., 10 de abril de 2025 — La diputada Xóchitl Ruiz González (PVEM) presentó una iniciativa para tipificar como delito el condicionamiento ilícito de recursos públicos a municipios, con penas de 3 a 9 años de prisión, multas de hasta 1,500 UMAs (aproximadamente $150,000 pesos) e inhabilitación para cargos públicos.

La reforma al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas busca sancionar a servidores públicos que exijan contraprestaciones políticas o firmas de convenios no establecidos en ley como requisito para entregar recursos federales o estatales a los ayuntamientos.

“Estamos ante una práctica recurrente donde se condicionan fondos para educación, salud e infraestructura a cambio de favores políticos o acuerdos fuera de la legalidad”, denunció la legisladora durante la presentación de la iniciativa ante el pleno.

Las principales propuestas incluyen:

1. Tipificar el “condicionamiento ilícito de recursos públicos” como delito grave
2. Establecer sanciones de 5 a 15 años de inhabilitación para servidores públicos
3. Proteger la autonomía municipal en la gestión de recursos
4. Garantizar transparencia en los procesos de distribución

Ruiz González destacó que la medida busca evitar que los municipios más vulnerables sean víctimas de extorsión por parte de funcionarios, especialmente en periodos electorales. “Los recursos públicos no son moneda de cambio, deben llegar completos y sin condiciones a quienes más los necesitan”, afirmó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Anticorrupción y Justicia para su análisis. De aprobarse, Michoacán se convertiría en la séptima entidad en contar con este tipo de figura jurídica contra la corrupción en el federalismo.

Según datos del Instituto Michoacano de Transparencia, en 2024 se presentaron 47 quejas por presunto condicionamiento de recursos, principalmente en municipios de menos de 50,000 habitantes.