Corte sepulta plan B de AMLO para reformar el sistema electoral

Mizitacuaro.com | 23 de junio de 2023 | Por Abimael Arana Monje

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves la segunda parte del plan B de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendía reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar las reglas del proceso comicial.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), que habían sido reformados por el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo federal.

¿Qué implicaba el plan B de AMLO?

El plan B de AMLO era una iniciativa que buscaba modificar el sistema electoral mexicano ante el fracaso de su propuesta original de fusionar al INE con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y reducir el número de consejeros electorales.

Entre los cambios que planteaba el plan B se encontraban los siguientes:

• Eliminar la Junta General Ejecutiva del INE y cesar a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien fue removido de su cargo tras la publicación de la primera parte del plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de marzo.
• Reducir el personal y el presupuesto del INE, así como las juntas locales y distritales encargadas de organizar las elecciones en los estados y municipios.
• Cambiar las fechas de inicio y conclusión del proceso electoral federal, que comenzaría en noviembre de 2023 y terminaría en junio de 2024.
• Modificar el proceso de cómputo de votos, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y estableciendo que los cómputos se realicen desde las 18:00 horas del día de la elección hasta el viernes siguiente.
• Permitir a las personas en prisión preventiva ejercer su derecho al voto.
• Eliminar la transferencia de votos a los partidos políticos en riesgo de perder su registro.
• Establecer un límite salarial a los consejeros electorales para que no ganen más que el presidente de la República.
• Dar manga ancha a los servidores públicos y a los partidos políticos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña, sin que sus declaraciones sean consideradas propaganda gubernamental.

¿Por qué la Corte invalidó el plan B?

La Corte invalidó el plan B al considerar que violaba diversos principios constitucionales, como la autonomía del INE, la certeza y legalidad de las elecciones, la división de poderes, el federalismo y los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Los ministros argumentaron que el plan B pretendía debilitar al INE como órgano garante de la democracia, al someterlo a una reestructuración arbitraria e injustificada que afectaría su capacidad operativa y técnica para organizar los comicios.

Asimismo, señalaron que el plan B vulneraba la seguridad jurídica y la equidad en la contienda electoral, al modificar las reglas del juego a menos de un año de las elecciones federales intermedias de 2024, en las que se renovarán la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.

Los ministros también expresaron que el plan B invadía las competencias del Congreso local y del INE para regular las elecciones locales, al imponer una fecha única para el inicio del proceso electoral en todo el país.

Además, indicaron que el plan B desconocía los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar en la vida pública y a acceder a la información electoral, al eliminar el PREP y al permitir que los funcionarios y los partidos hicieran propaganda sin restricciones.

¿Qué consecuencias tiene la invalidación del plan B?

La invalidación del plan B implica que se restituye el orden constitucional y legal que regía al sistema electoral antes de las reformas impulsadas por el presidente López Obrador.

Esto significa que se mantiene la estructura y el funcionamiento del INE tal como estaba previsto en la LGIPE y en su reglamento interno, así como las fechas y los procedimientos del proceso electoral federal conforme a lo establecido en el calendario electoral.

También implica que se respeta la autonomía de las entidades federativas para regular sus propias elecciones locales, así como los derechos de los ciudadanos a votar y a ser informados sobre los resultados electorales.

Además, implica que se preserva el principio de equidad en la contienda electoral, al evitar que los servidores públicos y los partidos políticos hagan uso indebido de los recursos públicos y de los medios de comunicación para influir en el voto de los electores.

¿Qué opinan los actores políticos sobre la invalidación del plan B?

La invalidación del plan B ha generado reacciones encontradas entre los actores políticos involucrados en el tema electoral.

Por un lado, el presidente López Obrador criticó la decisión de la Corte y acusó a los ministros de actuar con “consigna” y de defender los intereses de los “conservadores”. Dijo que su plan B buscaba “limpiar” al INE y “ahorrar” recursos públicos, y que no descartaba presentar una nueva iniciativa de reforma electoral.

Por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, celebró la decisión de la Corte y afirmó que se trataba de una “victoria” para la democracia y para los ciudadanos. Dijo que el INE seguirá trabajando con autonomía e imparcialidad para garantizar elecciones libres y transparentes, y que está abierto al diálogo con todos los actores políticos.

Asimismo, diversos partidos políticos, organizaciones civiles y académicos expresaron su respaldo a la resolución de la Corte y su reconocimiento al INE como órgano rector de las elecciones. Dijeron que el plan B era una amenaza para la democracia y para el Estado de derecho, y que era necesario fortalecer al INE y defender sus atribuciones.

¿Qué sigue después de la invalidación del plan B?

Después de la invalidación del plan B, el INE deberá reponer el procedimiento para nombrar al nuevo secretario ejecutivo, tras el cese de Edmundo Jacobo Molina. Asimismo, deberá restablecer las juntas locales y distritales que habían sido eliminadas por la reforma.

También deberá continuar con las actividades preparatorias para el proceso electoral federal 2023-2024, que iniciará oficialmente el 8 de septiembre de este año. Entre estas actividades se encuentran la actualización del padrón electoral, la capacitación de los funcionarios electorales, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, la asignación de tiempos en radio y televisión, y la organización de los debates entre candidatos.

Además, deberá coordinarse con las autoridades sanitarias para implementar las medidas necesarias para prevenir contagios de COVID-19 durante las elecciones, así como con las autoridades de seguridad para garantizar el orden público y la protección de los candidatos.

Por su parte, el presidente López Obrador tendrá que acatar la resolución de la Corte y respetar la autonomía del INE, así como abstenerse de hacer declaraciones o acciones que puedan afectar la equidad en la contienda electoral.

Así mismo, tendrá que decidir si presenta o no una nueva iniciativa de reforma electoral, que deberá ajustarse a los principios constitucionales y contar con el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.