El sexenio de EPN va a ser muy complejo para la defensa de los derechos humanos en México

Auguran un sexenio especialmente duro en materia de derechos humanos aunque quisieran equivocarse y aunque trabajan para hacer grande el margen de error. Pero la falta de voluntad política y la práctica del discurso gubernamental “ambivalente e instrumentalista” que denuncian no ayudan para solucionar la “grave” crisis humanitaria que, aseguran, vive México.

El martes pasado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) —compuesta por 73 organizaciones y presente en 21 estados— recibió en Madrid el V Premio de Derechos Humanos ‘Rey de España’ de manos del monarca.

Un galardón que rema en su favor porque visibiliza la vulneración de los derechos en México y les anima en su lucha diaria.

Un paso más hacia una igualdad y una justicia que, de tan denostadas, son casi inexistentes en el país, según declararon a 20minutos en la capital española la secretaria ejecutiva de la Red TDT, Agnieszka Raczynska, y Blanca I. Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, una de las organizaciones integrantes.

¿Qué significa este galardón para la Red TDT?

Agnieszka Raczynska: Es un premio que reconoce un trabajo de más de 20 años como espacio de colaboración entre ONG y que visibiliza una situación y un contexto de mucho riesgo e inseguridad para los defensores de los derechos humanos. 

¿Por qué llega ahora?

A. R.: Este premio llega en un momento muy importante para nosotros y dentro de un contexto muy adverso para los derechos humanos en México.

Creemos que este nuevo régimen que estamos viendo que va a ser un sexenio muy complejo para la defensa de los derechos. Recientemente, hemos vivido un cambio de Gobierno bajo el cual se han producido, por un lado, algunos pasos positivos a nivel legislativo mientras, por otro, se han aprobado reformas, como la laboral, que atentan contra los derechos humanos, y se viven situaciones de represión y criminalización de la protesta social, además de una difamación del trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Se están dando entonces por un lado avances pero por otro retrocesos importantes…

Blanca I. Martínez: Una de las particularidades de los Gobiernos mexicanos es que han tenido una capacidad de reciclar y absorber demandas sociales para convertirlas en un discurso en pro del pueblo que al final son espacios que se abren pero que luego acaban cerrándose.

¿A qué se refiere?

B. I. M.: Por ejemplo, esta vez, si bien se hace la reforma constitucional donde se reconoce que los tratados internacionales tienen la misma valía que la Constitución, a un año se dice: “fíjese que no todos”.

Así que, aunque la nueva resolución de la Corte dice que los tratados internacionales están en el mismo nivel, cuando hay un conflicto de diferencia de interpretación prevalece la norma constitucional, que no está determinada por un criterio prohombre sino proletra, que no necesariamente está acorde a los derechos humanos.

Es decir, se abren espacios pero luego se cierran.

¿Es decir que una cosa es la teoría y otra la práctica?

B. I. M.: Exacto. En realidad, aunque hay un reconocimiento teórico a los tratados internacionales, en la práctica se ha venido dando un desmantelamiento institucional de todo el marco de protección: todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, seguridad social, derechos de los pueblos, derechos específicos como los relativos a las mujeres… que lleva a una situación en la que tenemos una ley estupenda que a fin de cuentas no hay condición de aplicarla.

Entonces México se ha distinguido por firmar todo, por hacer armonizaciones legislativas que no redundan en prácticas institucionales que en realidad permitan el ejercicio y la protección de los derechos. 

¿Todo sigue igual entonces?

A. R.: Sí, porque no hay una renovación de las instituciones, son las mismas viejas con las mismas prácticas viejas. Y aunque haya marcos legislativos que permitirían la garantía de derechos, en realidad es casi imposible lograr por ejemplo un acceso equitativo a la justicia.

¿Por qué? La reforma de justicia penal aprobada en 2008, que ya lleva cinco años de estarse implementando, es muy importante para la comunidad de las organizaciones de derechos humanos porque plantea una transformación del sistema de justicia mexicano, que podría hacer que se pasase de un sistema acusatorio a un sistema de juicios orales y presunción de inocencia.

Pero llevamos cinco años en donde se tendría que dar una transformación de las instituciones de administración y procuración de justicia y no hemos podido implementar el nuevo sistema.

Tenemos un plazo hasta 2016 y faltan tres años y son muy pocos estados y municipios contados los que han logrado empezar a tener salas, juicios orales, a capacitar a los funcionarios o a los jueces… Es una estructura que sigue siendo la misma.

No hay este cambio institucional pero tampoco cultural. Entonces, una legislación que puede ser muy positiva a la hora de hacerse realidad se encuentra con una resistencia fortísima.

¿Cuál sería el principal motivo de esta resistencia? ¿Falta de voluntad o de fondos públicos?

A. R.: Es una combinación. Y una cosa está muy ligada con la otra: si no hay voluntad, no hay fondos públicos.

B. I. M.: El asunto es que además no se ha aplicado la asignación de fondos a los diferentes estados, por lo que se junta el hambre con las ganas de comer: te doy dinero pero entonces no va a ser suficiente y como no va a ser suficiente entonces mejor no hago nada.

Así se quedan sin construir las aulas para los juicios orales y no se prepara a los agentes de la administración de la justicia. Pasa entonces lo que está ocurriendo en algunos estados en los que te encuentras un sistema viejo con agentes de la procuración sumamente retrógrados que se no han actualizado.

Hacen gran hincapié en la necesidad de transformar el sistema judicial.

¿Creen que es la clave para que se produzca un auténtico cambio en el país?

A. R.: Sí, el gran problema de México es la persistente impunidad y la falta de investigación y de acceso a la justicia en cualquier ámbito, tanto si hablamos de violencia contra las mujeres —tanto doméstica como feminicidios—, desapariciones, casos de comunidades que luchan en defensa de su territorio exigiendo a empresas el regreso de sus tierras, de sus propiedades, con muy pocas posibilidades… Derechos como el acceso a la educación y a la sanidad o el respeto al medio ambiente son difícilmente justiciables en nuestro país porque prevalece la impunidad.

Y me parece que todo tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia y la discriminación histórica que existe en el país, donde los que pueden acceder a la justicia son los que tienen los recursos para acceder a ella y los que no, normalmente viven un viacrucis que lleva años para poder ir consiguiendo pequeñas ganancias en los casos que están promoviendo. Es el caso de las madres y padres de personas asesinadas o desaparecidas, o de personas torturadas o migrantes encarcelados injustamente… Estas personas son las que buscan el apoyo de los defensores de los derechos humanos y se acercan a las organizaciones.

¿Cuáles son las principales demandas que reciben?

A. R.: Ayudamos a víctimas del narcotráfico, del crimen organizado dedicadas al secuestro, extorsión y a la trata de personas. Hemos identificado que el mayor riesgo lo tienen personas defensoras vinculadas a los migrantes, además de los defensores comunitarias que luchan contra proyectos promovidos por empresas nacionales y transnacionales.

Tenemos proyectos mineros, eólicos, de desarrollo turístico que afectan a comunidades indígenas o no indígenas y ahí se mezcla todo tipo de situaciones, desde la falta de acceso a la información o la corrupción con autoridades locales que permiten el avance de este tipo de proyectos. ¿Qué piensan del listado de desaparecidos y otras medidas del actual Gobierno?

¿Son efectivas o parte de un “lavado de cara”?

A. R.: Yo creo que el nuevo Gobierno ha recogido algunas demandas muy puntuales y en absoluto integrales que son señales muy efímeras de algunas demandas muy puntuales, como el listado de desaparecidos, pero que realmente han pasado como estrellas fugaces.

B. I. M.: Yo creo que, a diferencia del PAN, el PRI tiene una experiencia y una práctica histórica de asumir las demandas sociales como parte de su discurso y transformarlas en nada. Las familias, por ejemplo, pedían una Subprocuraduría especializada en investigación y búsqueda. ¿Y qué nos dieron? Una unidad dentro de una Subprocuraduría con una Fiscalía que va a investigar.

Aún no conocemos el programa pero a fin de cuentas reducen una demanda a una oficina en un área de no sé qué. Y lo que queremos es que haya una institución del Estado para buscar, investigar y detener las desapariciones. En términos discursivos está, en términos de viabilidad, no lo acabamos de ver. Entendemos que las cosas no se hacen de un día para otro pero creemos que la acción del Gobierno no puede ser “a ver cuándo puedo”.

Estamos hablando de una seria crisis humanitaria. Más de 100,000 muertos en un sexenio y de 13,000 en los nueve meses de EPN. Las desapariciones no cesan. Es sumamente grave.  Fue muy bueno que se hiciera pública la lista pero nos preocupa mucho la instrumentalización política de los datos.

Las víctimas no son datos son personas. Y es indignante que cuando conviene reconocen 26,000 desaparecidos pero luego dice que son no localizados o que “a saber si es gente que se quiso ir…” Ese discurso ambivalente e instrumentalista, según la necesidad política, se nos hace sumamente preocupante, así como la apuesta sistémica por la impunidad.

¿Creen entonces que en el fondo las medidas no son más que pura fachada?

A. R.: El Gobierno da una cara hacia el exterior que fortalece su política de atraer inversiones, de mostrar un México que es progresista y es potencia. Ha sabido venderse muy bien en el extranjero y las organizaciones no es que no queramos generación de empleo, desarrollo equitativo…  la cosa es a costa de qué.

¿De qué recursos naturales se da este desarrrollo? A costa de la gente, que es la que al final es la que sufre las consecuencias de un proyecto económico que impacta muy fuerte en la vida de las comunidades indígenas y no indígenas. Es una política voraz que consiste en vender los recursos naturales de México a empresas transnacionales pero sin un beneficio a la gente que está ahí.

Al final del día las empresas mineras, eólicas, turísticas no están redundando en un desarrollo de las comunidades que están en el lugar.

¿Creen que los organismos internacionales podrían hacer más de lo que están haciendo en este sentido?

A. R.: No exactamente. Sus herramientas visibilizan las demandas de la sociedad civil y han ayudado mucho a que estén en la opinión pública. Valoramos mucho en este sentido hechos como el interés mostrado por el Parlamento Europeo en los dos últimos años. 

Ha habido visitas de parlamentarios, del presidente de la institución, de funcionarios… Hemos visto muy interesante que en sus visitas contemplan el diálogo con las ONG y eso es algo que ya se está haciendo como una práctica  y estas instancias se hacen con información que no es la oficial.

Tenemos que insistirles para que empiecen a hacer declaraciones, resoluciones y recomendaciones. México va a ser examinado próximamente por el examen periódico Universal entre Naciones Unidas y creemos que va a ser una oportunidad muy buena de hacerle ver al Gobierno que tiene una agenda pendiente en derechos humanos.

¿Y qué dicen de la sociedad? ¿Notan una exigencia mayor por parte de los ciudadanos para que se reduzca esta impunidad?

B. I. M.: No. Una reacción humana es que, ante grandes índices de violencia, la sociedad tiende a buscar quien imponga orden con violencia, quien imponga el poder. Y eso es sumamente preocupante.

Ciertamente cada vez hay más sujetos emergentes sociales pero, en términos de la mayoría del pueblo, el común denominador es “que venga el Ejército a poner orden, que pongan mano dura, que maten a los delincuentes”… estas posturas más fascistas e intolerantes son las que surgen ante una crisis de Estado y de las instituciones.

Y ahí también esa es nuestra tarea. Hay una campaña mediática contra el trabajo de los defensores, que nos estigmatiza y que viene de lejos, cuyos impactos son visibles.

Quienes trabajamos con víctimas de la violencia que no reivindican su derecho por conciencia sino porque le violaron su derecho solo por el hecho de existir, y por caminar por una calle… a veces te dicen: “No, es que los defensores defienden delincuentes”… Es un discurso ya muy tragado a causa de una campaña de estigmatización que hace que tengamos un reto muy fuerte.

Personalmente, me preocupan estas expresiones neofascistas que no solo se viven en México sino en diferentes partes del mundo y que nos lleva a hablar también de la seria crisis de los estados democráticos.

Por: MARÍA J. MATEO. / 20minutos.com.mx