Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones en México: ¿Un paso hacia la censura digital?

Ciudad de México..25 de abril de 2025- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el pasado 23 de abril de 2025 una iniciativa para expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual ha desatado una intensa controversia por su potencial impacto en la libertad de expresión y el acceso a plataformas digitales. La propuesta, que busca regular el uso del espectro radioeléctrico, prohibir propaganda extranjera y centralizar funciones en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), incluye disposiciones que han sido señaladas como un riesgo de censura en internet.

Contexto de la iniciativa

La iniciativa surge en respuesta a la difusión de un anuncio antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, transmitido en medios mexicanos, que Sheinbaum calificó como “discriminatorio”. El proyecto, enviado al Senado y aprobado en comisiones el 24 de abril, restablece la prohibición de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, con excepción de fines turísticos o culturales. Sin embargo, el artículo 109, que faculta a la ATDT para bloquear temporalmente plataformas digitales por “incumplimiento de disposiciones u obligaciones”, ha generado alarma por su ambigüedad y falta de claridad sobre los procedimientos y la necesidad de órdenes judiciales.

La propuesta también elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), transfiriendo sus funciones a la ATDT, una entidad subordinada al Ejecutivo, y establece un registro de usuarios de telefonía móvil, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Preocupaciones sobre censura y libertad de expresión

El artículo 109 ha sido el epicentro de las críticas. Según el texto, las autoridades competentes pueden solicitar a la ATDT el bloqueo de plataformas digitales sin especificar qué constituye un “incumplimiento” ni garantizar la intervención judicial. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que esta disposición “posibilitaría una restricción extrema a la libertad de expresión en internet”, comparándola con el cierre de una estación de radio o televisión, lo que contraviene la Constitución mexicana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) ha señalado que la iniciativa podría alinear a México con prácticas de regímenes autoritarios como Venezuela o Nicaragua, donde se bloquean plataformas y se controla el discurso público. El IDET también destacó que las sanciones económicas propuestas podrían forzar la salida de plataformas digitales del país, afectando la economía digital y violando compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por su parte, Article 19, una organización internacional de defensa de la libertad de expresión, subrayó que la centralización del control del espectro radioeléctrico y la capacidad de otorgar o revocar concesiones por afinidad política representan un retroceso democrático. “Esto contraviene estándares internacionales y atenta contra la libertad de expresión”, afirmó la organización.

Opiniones de expertos

1. Luis Fernando García, director de R3D:
   García calificó la iniciativa como un intento de revivir políticas de control digital fallidas, como el PANAUT, y alertó sobre el peligro de otorgar facultades discrecionales a la ATDT. “El bloqueo de plataformas sin orden judicial es una herramienta de censura que no tiene cabida en un estado democrático. La ambigüedad del artículo 109 permite interpretaciones arbitrarias que podrían silenciar voces críticas”, afirmó en entrevista con este medio. García también señaló que la creación de un registro de usuarios móviles amenaza la privacidad, especialmente en un contexto de vigilancia estatal.
2. María Elena Estavillo, excomisionada del IFT:
   Estavillo reconoció aspectos positivos de la iniciativa, como el impulso a la transformación digital a través de la ATDT, pero expresó preocupación por la concentración de funciones en una sola entidad dependiente del Ejecutivo. “La regulación de telecomunicaciones requiere autonomía técnica y contrapesos institucionales. Darle tanto poder a un solo titular, como José Antonio Peña Merino, puede derivar en decisiones sesgadas o politizadas”, comentó. Sobre el artículo 109, Estavillo advirtió que suspender plataformas digitales sin un marco claro afecta derechos fundamentales y podría desincentivar la inversión extranjera en el sector.
3. Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group:
   Negrete criticó la redacción del artículo 109 por su potencial para restringir la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos protegidos por el artículo 6 de la Constitución. “Esta ley podría usarse para justificar abusos de autoridad, como cancelar plataformas o programas que no sean del agrado del gobierno. Además, las altas tarifas del espectro radioeléctrico en México ya desalientan la conectividad, y esta reforma no aborda ese problema estructural”, explicó. Negrete también cuestionó la viabilidad de la soberanía tecnológica promovida por Sheinbaum, argumentando que el bloqueo de plataformas alejaría a empresas tecnológicas clave para el nearshoring.

Respuesta oficial y proceso legislativo

Durante su conferencia matutina del 24 de abril, la presidenta Sheinbaum negó que la iniciativa busque censurar contenidos y atribuyó las críticas a un “error de redacción” en el artículo 109. “En ningún momento estamos planteando la censura, pues sí estamos en contra de la censura. Hay que corregir la propia redacción”, afirmó, aclarando que el bloqueo de plataformas se limitaría a casos de violaciones fiscales o de seguridad, no al contenido. Sin embargo, no especificó qué cambios se realizarían ni cómo se garantizaría la transparencia en los procesos.

Pese a estas declaraciones, las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen sin modificaciones en una sesión de dos horas y media, con 29 votos a favor y 9 en contra, liderados por Morena y sus aliados. La oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, acusó al gobierno de buscar controlar la narrativa pública y comparó la reforma con prácticas autoritarias. El senador panista Ricardo Anaya señaló: “Todas las autoridades de la 4T podrán solicitar el bloqueo de una plataforma digital, ya sea X, Facebook, Instagram o YouTube, sin mandato judicial”.

El dictamen está programado para discutirse en el pleno del Senado el próximo lunes, y de aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados. Organizaciones como la International Chamber of Commerce México han solicitado un parlamento abierto para incluir a expertos, académicos y sociedad civil en el análisis de la propuesta, argumentando que la independencia regulatoria es esencial para cumplir con el T-MEC.

Análisis crítico

La iniciativa es un intento del gobierno mexicano por regular un sector clave en un contexto de avances tecnológicos y tensiones geopolíticas, como la difusión de propaganda extranjera. Sin embargo, la falta de claridad en el artículo 109, la concentración de poder en la ATDT y la ausencia de salvaguardas judiciales plantean riesgos significativos para la libertad de expresión y la privacidad. La rapidez con la que se aprobó en comisiones, ignorando las sugerencias de la propia presidenta, sugiere una falta de deliberación que podría debilitar la legitimidad de la reforma.

Además, la comparación con regímenes autoritarios por parte del IDET y la preocupación de R3D sobre la vigilancia estatal subrayan la necesidad de un debate más amplio. La iniciativa podría beneficiar la transformación digital, como argumenta Estavillo, pero solo si se acompaña de un marco que respete los derechos humanos y fomente la competencia, en línea con los compromisos internacionales de México.

Conclusión

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por Claudia Sheinbaum tiene el potencial de modernizar el sector, pero su redacción actual amenaza derechos fundamentales. La ambigüedad del artículo 109, la centralización de funciones en la ATDT y la reintroducción de un registro de usuarios móviles han encendido las alarmas entre expertos y sociedad civil. Para evitar un retroceso democrático, el Senado y la Cámara de Diputados deben incorporar las correcciones prometidas por la presidenta y garantizar un proceso legislativo transparente e incluyente. La libertad de expresión y el acceso a la información, pilares de una democracia, no pueden sacrificarse en nombre de la regulación.