Presentan propuesta de Reforma Electoral basada en un decálogo de principios

CIUDAD DE MÉXICO 8 de enero 2026

El documento titulado “Reforma Electoral: Decálogo de Principios”, fechado el 7 de enero de 2025, plantea una serie de ejes rectores para modificar el sistema democrático en México. La propuesta establece como prioridad la búsqueda de consensos amplios para evitar que las reglas electorales sean modificadas unilateralmente por mayorías temporales.  

El texto propone que la conformación de los órganos legislativos se realice bajo un principio de proporcionalidad pura en la Cámara de Diputados, Congresos locales y el Senado, con el objetivo de eliminar la sobrerrepresentación. Asimismo, el documento sugiere el blindaje constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) como un órgano autónomo, defendiendo la permanencia del Servicio Profesional Electoral y el uso de criterios meritocráticos para los nombramientos de sus integrantes.  

En materia de seguridad, el decálogo señala que el Estado debe garantizar el control territorial para impedir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Se menciona que la Guardia Nacional participaría bajo protocolos de seguridad pública coordinados con la autoridad electoral para proteger la libertad del voto, sin intervenir en la competencia política.  

Respecto al financiamiento, la propuesta defiende el uso de recursos públicos como una herramienta para mantener la equidad y evitar la captura del sistema por intereses económicos o ilícitos. Para ello, plantea una fiscalización reforzada en tiempo real y la coordinación obligatoria entre el INE, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).  

El documento describe un modelo para institucionalizar las coaliciones políticas, exigiendo el registro obligatorio de plataformas comunes antes de las elecciones y la transparencia en el reparto de responsabilidades. Además, propone la implementación de una segunda vuelta electoral para cargos ejecutivos con el fin de fortalecer la legitimidad de los gobiernos resultantes.  

Finalmente, el texto establece la necesidad de separar estrictamente la política social de la competencia electoral. Propone regulaciones para evitar que los programas sociales sean utilizados para coaccionar el voto, sugiriendo controles en la calendarización de la dispersión de recursos públicos durante los periodos de campaña.  

mizitacuaro