6,364 nicolaitas respaldan iniciativa ciudadana para dar certeza a la sucesión rectoral de la UMSNH

Consejeros universitarios, docentes y representantes sindicales exponen ante el Congreso los cuestionamientos al proceso de elección y llaman a respaldar una propuesta que busca recuperar, por única ocasión, el mecanismo de la Comisión de Rectoría.

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026. Con el respaldo de 6,364 integrantes de la comunidad nicolaita, promoventes de una iniciativa ciudadana acudieron este martes al Congreso del Estado para exponer la necesidad de establecer una salida institucional que garantice certeza jurídica, legalidad y condiciones democráticas para la próxima sucesión de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Durante una rueda de prensa previa al inicio de la sesión legislativa, estudiantes, docentes, consejeros universitarios y representantes de los trabajadores universitarios expresaron sus preocupaciones por la conducción del proceso sucesorio y solicitaron a las diputadas y los diputados considerar la propuesta ciudadana que plantea recuperar, por única ocasión, el mecanismo de designación mediante la Comisión de Rectoría.

Jesús Mendoza, promovente de la iniciativa y docente de la Facultad de Derecho, explicó los antecedentes históricos y el origen de la propuesta, destacando la organización de distintos sectores de la comunidad universitaria ante la falta de certeza sobre las reglas que conducirían la renovación de la Rectoría.

La iniciativa plantea que la persona titular de la Rectoría para el periodo 2027-2031 sea designada mediante la Comisión de Rectoría, recuperando el mecanismo previsto en la legislación universitaria anterior. Se trata de una disposición transitoria y de aplicación única, pues establece que para el periodo 2031-2035 y los subsecuentes se retomaría el modelo contemplado en el artículo 33 de la actual Ley Orgánica.

Cuestionan aprobación del reglamento electoral

Uno de los principales señalamientos durante la rueda de prensa estuvo relacionado con la sesión del Consejo Universitario celebrada la noche del lunes 2 de noviembre, en la que fue aprobado el Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector.

Iván Torres Santana, consejero universitario del Instituto de Investigaciones Filosóficas, cuestionó las condiciones en las que se desarrolló dicha sesión y afirmó que el documento sometido a votación no fue compartido previamente con los integrantes del Consejo Universitario para su revisión.

El consejero señaló que la aprobación se realizó con la participación de un grupo reducido de integrantes y denunció que, durante el desarrollo de la sesión virtual, fue retirado de la plataforma y posteriormente no se le permitió reincorporarse.

Asimismo, relató que, ante la discusión que se desarrollaba en el Congreso del Estado sobre la iniciativa ciudadana, solicitó el uso de la palabra para pedir que el Consejo Universitario fijara una postura institucional respecto al dictamen que sería sometido a votación legislativa. Sin embargo, señaló que la rectora se negó a abrir ese tema a discusión, impidiendo que el máximo órgano colegiado universitario abordara el posicionamiento frente a una decisión que impacta directamente en el futuro de la institución.

Por su parte, Said Eduardo Cortés, consejero universitario de Ingeniería Mecánica, respaldó los señalamientos y relató que solicitó conocer previamente el documento que sería sometido a consideración, sin obtenerlo. Indicó que recibió como respuesta que debía confiar en la comisión encargada de revisarlo.

Cortés añadió que estuvo acompañado por un notario público, quien, de acuerdo con su testimonio, dio fe de los hechos relacionados con su exclusión de la sesión virtual.

Advierten sobre incertidumbre y crisis institucional

Durante su intervención, Eduardo Cruz, consejero universitario de la Facultad de Historia, expresó que la Universidad atraviesa una situación de concentración de decisiones en la actual administración rectoral. También señaló su preocupación por el presunto uso de recursos universitarios para construir una estrategia de legitimación de la Rectoría y manifestó temor a posibles represalias contra quienes han expresado públicamente sus inconformidades.

En el mismo sentido, Guillermo Campillo, profesor y consejero universitario electo, advirtió que los tiempos y condiciones bajo los cuales se está desarrollando el proceso colocan a la máxima casa de estudios en un escenario de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica. Sostuvo que la Universidad no había enfrentado históricamente una crisis de estas características.

Ricardo Pérez Munguía, profesor universitario, afirmó que la iniciativa representa la voz de distintos sectores de la comunidad nicolaita y reiteró que sus promoventes han buscado conducirse con respeto a la ley y a la autonomía universitaria.

Asimismo, sostuvo que la autonomía no debe utilizarse como argumento para justificar prácticas autoritarias y llamó a recuperar la democracia universitaria mediante un procedimiento que permita garantizar estabilidad institucional y condiciones de igualdad, sin favorecer a persona o grupo alguno.

Trabajadores universitarios manifiestan inconformidad

En representación del dirigente del sindicato de trabajadores de la Universidad Michoacana, Juan Guevara expresó la inconformidad del sector laboral ante la situación que atraviesa la institución.

Durante su participación, señaló a la actual rectora, Yarabí Ávila González, como responsable de la inestabilidad que, desde su perspectiva, vive la Universidad. También denunció presuntos malos tratos hacia los trabajadores y cuestionó los intentos de prolongar la permanencia en el cargo frente a los resultados y prácticas que, afirmó, han generado inconformidad entre distintos sectores universitarios.

Guevara solicitó que se reactiven los procedimientos de juicio político relacionados con la titular de la Rectoría y que se realice una auditoría a la actual administración universitaria.

Una decisión sobre el futuro de la Universidad

Las intervenciones coincidieron en señalar la necesidad de que el proceso de sucesión rectoral se conduzca bajo condiciones de legalidad, certeza, transparencia e imparcialidad.

La propuesta ciudadana no busca modificar permanentemente el modelo de elección establecido en la nueva Ley Orgánica, sino establecer una medida excepcional para el proceso de 2027, mientras se concluyen las adecuaciones normativas necesarias para dar plena certeza a los procedimientos posteriores.

Con 6,364 firmas de respaldo, la iniciativa llega al Poder Legislativo como una expresión de participación ciudadana que coloca en el centro de la discusión el futuro institucional de la Universidad Michoacana.

Este martes, las diputadas y los diputados del Congreso del Estado tienen ante sí la discusión de una propuesta que busca atender los cuestionamientos surgidos en torno a la sucesión rectoral y ofrecer una ruta institucional para garantizar la continuidad y estabilidad de la máxima casa de estudios de Michoacán.